Oviedo / Madrid, Agencias
El anteproyecto de ley de Desarrollo Sostenible toca el palo de las retribuciones de los directivos, pero sin llegar a poner límites. El Gobierno sí plantea una reforma para exigir, no sólo al sector financiero, sino a todas las sociedades que coticen en Bolsa, mayor transparencia. Estas compañías estarán obligadas a informar con detalle sobre las remuneraciones de los miembros de la dirección y ese informe deberá ser sometido a votación de manera separada en las juntas de accionistas.
El Ejecutivo de Zapatero obra en este punto en sintonía con otras potencias económicas que, pese a distintos anuncios al calor de la crisis, no han llegado a meter tijera por ley en los sueldos de los ejecutivos. El criterio de España es que ese asunto requiere una regulación global, un acuerdo del G-20. Al hilo de esa posición, el anteproyecto de ley aprobado ayer prevé que «el Banco de España exigirá y supervisará a cada entidad de crédito normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración que promuevan una gestión del riesgo responsable».
En el ámbito de los organismos de control y regulación de los mercados, el Gobierno se propone dotar de mayor eficacia a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de Competencia (CNC), reduciendo el número de consejeros.
La ley que el Gobierno presenta como una hoja de ruta para transformar la economía española asume la conveniencia de cambiar la normativa sobre contratación pública para atajar los excesos en los aumentos de costes de las obras. Así, los modificados no podrán superar el 20% del precio del contrato. Si se rebasa tal límite, detalló la ministra Elena Salgado, la obra deberá salir de nuevo a licitación, aunque por el procedimiento de urgencia. Este cambio intenta evitar los fuertes sobrecostes que suelen generar los proyectos de infraestructuras. Uno de los casos asturianos es el de la ampliación de El Musel, con un sobrecoste que se ha estimado en más de 215 millones de euros, equivalentes al 37% del precio de adjudicación. De haber estado en vigor la ley que ahora tramitará el Gobierno, la obra del puerto gijonés debería haber salido de nuevo a concurso.
El Ejecutivo quiere, asimismo, que la proporción de subcontratación exigible a los adjudicatarios de las obras públicas llegue al 50%, con el propósito de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se beneficien más de la actividad que genera la inversión de la Administración.
El anteproyecto de ley de Desarrollo Sostenible, que el presidente Zapatero presentará durante una comparecencia en el Congreso el próximo día 2 de diciembre, toca sólo de manera tangencial la cuestión educativa y energética y no hace referencia alguna a la laboral. La estrategia del Gobierno incluye, además de la aprobación de la citada ley, negociar un pacto con todas las fuerzas políticas sobre la educación, otro sobre la energía y la negociación de reformas laborales con los sindicatos y la patronal. A decir de los expertos, ésos son los elementos verdaderamente medulares de un cambio de modelo productivo.
En educación, el documento examinado ayer por el Consejo de Ministros plantea mejorar la formación profesional para adaptarla más a las necesidades de las empresas y del entorno. Y en asuntos energéticos se anticipa que el Gobierno no abdica de sus posiciones antinucleares. La ministra Salgado anunció que, por ley, la vida útil de las centrales atómicas se fijará en 40 años. Esto supone que como principio general las instalaciones españolas cerrarán a las cuatro décadas de funcionamiento. La también vicepresidenta económica matizó que sólo si se cumplen ciertas exigencias, cuyo alcance no precisó, cabrá la posibilidad de prolongar la actividad de las centrales nucleares.
El Gobierno confirma también la apuesta por impulsar el vehículo eléctrico y por el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías. En este punto, se anuncia «la adaptación de las líneas de la red básica para posibilitar la circulación de trenes de mercancías de, al menos, 750 metros de longitud y potenciar las conexiones con los puertos de interés general». El Musel encajaría en ese epígrafe.
¿Cuánto costará desarrollar los cambios que promueve la ley de Desarrollo Sostenible y cuál será su impacto en el PIB y en el empleo? El Gobierno, dijo Elena Salgado, no ha calculado aún cuáles serán esos efectos. Y aludió como instrumentos económicos paralelos a la ley a dos que ya estaban anunciados: un fondo de 20.000 millones para financiar proyectos empresariales, infraestructuras y actuaciones en vivienda -dinero que aportará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y en parte la banca, invitada a ello por el Gobierno- y los 5.000 millones de la segunda entrega del fondo de inversión local.
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