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Lo más barato contra el delito

Los empresarios de los polígonos proponen instalar cámaras para atajar los robos

Apia, la federación de áreas industriales, afirma que la delincuencia se ha disparado desde que empezó la crisis, especialmente en las Cuencas y Gijón

 
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Una cámara de seguridad en Oviedo.
Una cámara de seguridad en Oviedo. 

Llanera (Siero),

José Luis SALINAS

Los empresarios de los polígonos industriales asturianos están hartos de los continuos robos que sufren. Para atajarlos, la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (Apia) ha propuesto la instalación de cámaras de vigilancia que velen por la seguridad de trabajadores e instalaciones. Muchas ciudades asturianas han optado ya por estos sistemas para controlar el tráfico o, como es el caso de Pola de Lena, para vigilar los actos vandálicos. Apia, de la que forman parte cerca de 50 áreas industriales de las 130 que hay en Asturias, asegura que de esta forma se conseguiría poner freno a los hurtos o asaltos a empresas, que, según señalan, se han disparado desde que comenzó la crisis económica.

Según señala Apia, tres polígonos industriales privados de la región ya están usando este sistema de cámaras de videovigilancia (Asipo en Llanera y los gijoneses Bankunión y Promosa). Marisa Negrete, gerente de la federación de polígonos asturianos, asegura que contratar un servicio de vigilancia sigue siendo muy costoso para la mayoría de áreas industriales de la región. La instalación de cámaras, asegura, sería más asequible.

No obstante, este tipo de medidas ha generado polémica en varios lugares de Asturias donde se ha aplicado, por entrar en conflicto con el derecho de los ciudadanos a la privacidad. Negrete asegura que la actual regulación ofrece garantías de que el sistema pueda aplicarse de forma totalmente legal. Entre ellas está que las imágenes captadas sean manipuladas únicamente por las fuerzas de seguridad del Estado y que éstas sean destruidas en el plazo de dos semanas. La actual normativa establece también que las cámaras sean usadas sólo donde sea estrictamente necesario y con la mínima intervención en la intimidad de las personas, además de que el público deberá ser informado de forma «clara y permanente» de la existencia de estas videocámaras. «La regulación es muy estricta», asegura Negrete.

Apia lleva varias semanas trabajando con la Delegación del Gobierno en Asturias para aplicar un sistema de seguridad en las zonas industriales de la región que ponga freno a la actual situación de inseguridad. Uno de los primeros acuerdos ha sido reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad en estas zonas. La Federación asegura que desde que comenzaron las dificultades económicas los actos vandálicos se han disparado, especialmente en los polígonos de las Cuencas Mineras, y apuntan que también hay un alto nivel de inseguridad en los de Gijón. «Sabemos que es imposible llegar a un cien por ciento en el nivel de seguridad, pero nuestro objetivo es acercarnos lo máximo posible a este porcentaje», seña Negrete. La Federación cuenta también con varios informes técnicos favorables a la instalación de los sistemas de videovigilancia.

Otro de los aspectos que tienen preocupados a los representantes de Apia es que hay muchos más incidentes de los que se acaban denunciando. «En los polígonos se están realizando actos vandálicos de todos los tipos», explica Negrete, «desde el robo de cableado del alumbrado al de chatarra o a la realización de carreras ilegales o botellones en los que están mas cerca de las ciudades». Varios dirigentes de polígonos ya se han dirigido a Apia para interesarse por líneas de subvenciones que les permitan la instalación de cámaras de vigilancia en sus zonas.

Robos

La Federación Asturiana de Polígonos Industriales (Apia) asegura que desde que comenzó la crisis económica se ha disparado el número de robos en las zonas industriales. Para poner freno a esta situación propone la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia. La agrupación afirma que la medida es más barata que contratar un servicio de vigilancia.

Normativa

El despliegue de este tipo de cámaras ha generado polémica en varios lugares de la región donde se han instalado, por el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Desde Apia se asegura que para ajustarse a la actual normativa las imágenes serían manipuladas únicamente por los cuerpos de seguridad del Estado y se destruirían en el plazo de dos semanas.

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