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Entre los agentes sociales menudearon las críticas, aunque con matices, a la propuesta del Gobierno. Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), aplaudió el compromiso de aligerar la burocracia en la creación de empresas, pero tachó de inconcreto el conjunto del anteproyecto de ley. «Si bien hay aspectos positivos, como puede ser el de la disminución de las cargas burocráticas para la creación de empresas, creo que estamos más ante una ley de intenciones que de concreciones, una ley que deja fuera las reformas más importantes y urgentes. No es, desde luego, una ley para salir de la crisis».
UGT saluda el intento del Gobierno de cambiar los cimientos productivos de la economía y al mismo tiempo aprecia «importantes carencias» en el texto, «fundamentalmente la ausencia de una política energética e industrial, que debe ser la piedra sobre la que se apoye el nuevo modelo», señaló Mar Celemín, secretaria de Acción Sindical de UGT-Asturias. Y confió en que la ley pueda enriquecerse con nuevas propuestas y «el mayor grado de consenso posible». La dirección asturiana de CC OO fue más frontal en sus reparos: «Al final, lo que se ha presentado es un conjunto de medidas que ya estaban en otras leyes, un refrito para rellenar el hueco; no hay plan industrial, ni reforma fiscal, no se entra en la educación...», contestó Gilberto G. Buelga, secretario de Política de Desarrollo del sindicato.
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