Oviedo / Madrid,
J. A. A. / L. G.
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El anteproyecto de ley de Economía Sostenible aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ha echado andar sin visos de que vaya a suscitar el apoyo generalizado en los ámbitos político, empresarial y sindical, que, a decir de los expertos, requiere un objetivo de tanto alcance como cambiar los cimientos económicos de un país. Los grandes partidos mostraron ayer, a escala nacional y también en Asturias, su división sobre la propuesta del Ejecutivo. Y los representantes de los agentes sociales de la región cuestionaron la eficacia de una propuesta que, de momento, no entra en asuntos medulares como las reformas del mercado laboral y del sistema educativo.
En Asturias, las única opiniones políticas favorables vinieron del ámbito del PSOE. María Luisa Carcedo, dirigente de la Federación Socialista Asturiana (FSA), defendió que la nueva ley «establece las bases» para un nuevo modelo de desarrollo. «Se ponen las bases para fomentar la productividad, establece un sistema productivo basado en el conocimiento y supone la apuesta por la educación, de forma especial la FP, y la investigación», señaló. Y el consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, anotó que la apuesta por actividades económicas como las vinculadas al medio ambiente abren oportunidades para las empresas asturianas. «Es un esfuerzo por ir en otra dirección que tendrá importantes efectos a medio y largo plazo», reflexionó.
Hasta ahí los aplausos políticos a una propuesta que incluye medidas como la siguientes: incentivos fiscales para el alquiler y la rehabilitación de viviendas, supresión de trabas burocráticas en la constitución de empresas, protección de pymes y autónomos frente a la morosidad, apuesta por las energías renovables y acotación de la vida útil de las centrales nucleares, estímulos al gasto empresarial en innovación, inversiones sin concretar para el transporte de mercancías por ferrocarril y más transparencia en los sueldos de los directivos de las empresas cotizadas.
Paralelamente, se fija un fondo de 20.000 millones de euros público-privado para financiar proyectos en ciertas actividades (turismo sostenible, nuevas energías, biotecnología...) y se formula también de manera genérica el compromiso de negociar grandes acuerdos políticos y sociales para la educación, la reforma laboral o la dieta energética.
«Está en la línea de Zapatero: crear una gran expectativa y, después del parto de los montes, presentar algo que no es más que un deseo, un foro de pensamiento, algo que no genera confianza», opinó Ovidio Sánchez, líder del PP asturiano. «Como no tiene soluciones a los problemas auténticos de ahora, habla de lo que puede ocurrir dentro de diez o quince años. Se puede filosofar, pero tenemos cuatro millones de parados que necesitan soluciones», apostilló Sánchez. El PP asturiano considera, además, ineficaz que el Gobierno haga una ley para buscar un cambio de modelo productivo: «La Administración puede acompañar, pero quienes dirigen los modelos son los emprendedores».
El camino seguido por Zapatero, señaló también Ovidio Sánchez, utilizando el argumentario que el PP diseñó antes ya de conocer el anteproyecto de ley, «es más propio de la planificación franquista que de un país occidental y moderno».
Ayer mismo, el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, afirmó que la propuesta del Ejecutivo no pasa de ser «un mero eslogan». «Los problemas de la economía no se resuelven con marketing, sino con reformas y coraje», comentó también Rajoy. La ministra de Economía, Elena Salgado, replicó en Santander, durante un acto político del PSOE: «De franquismo saben mucho más ellos (por el PP); ésta es una ley llena de propuestas».
No lo cree IU de Asturias, socio de Gobierno del PSOE en el Principado. Su principal dirigente, Jesús Iglesias, calificó como «humo de paja» la ley de Economía Sostenible. «Una vez más, Zapatero está practicando la política de generar expectativas que luego causan frustración. El objetivo en este momento debería ser introducir cambios en el modelo económico para no tener una crisis similar a la que estamos padeciendo dentro de cinco o diez años». De medidas como la que pretende agilizar los trámites en la creación de sociedades mercantiles «lleva hablándose veinte años», subrayó Iglesias.
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