Mercado laboral, educación y política energética, los grandes ausentes de la nueva norma

Contratación pública. El Gobierno introduce reformas para aumentar los niveles de subcontratación y que la inversión pública genere más actividad entre las pymes. Y sobre todo intenta poner orden en los modificados de obra. Se establece el criterio de que no se aceptarán modificados de obra (ampliaciones sobrevenidos de costes) superiores al 20% del precio de adjudicación. Si se supera, habrá de repetirse la contratación por vía de urgencia. El cambio está pensado para atajar las prácticas de los contratistas de competir con ofertas a la baja en exceso para ganar los proyectos y facturar después enormes sobrecostes.

l Austeridad y gasto público. La introducción de políticas de buen gobierno en las administraciones públicas, como las tendentes a aumentar el control de las cuentas de las distintas administraciones han sido bien recibidas por los economistas. Se fija el compromiso de presentar, a los seis meses de aprobada la ley, un Plan de austeridad y calidad del gasto de la Administración del Estado, así como una propuesta para reducir organismos públicos y racionalizar el sector de las empresas estatales.

l La vivienda. Sobre el malherido sector de la vivienda, el Gobierno vira hacia la promoción del alquiler y de la rehabilitación. Se elimina la desgravación del IRPF para quienes compren piso a partir de 2011 y ganen más de 24.107 euros, se amplía el número de potenciales beneficiarios de la deducción por alquiler y aparece una nueva bonificación de aplicación inmediata -a partir de enero y hasta finales de 2012- para quienes realicen obras de rehabilitación de viviendas, siempre que se trate de trabajos para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua o de adaptación para personas con movilidad reducida.

Medidas bien orientadas, pero insuficientes, a decir de algunos expertos, pero que, según otros, como el economista Luis Garicano, «podrían comenzar a dinamizar el mercado de alquiler, una medida crucial para empezar a movilizar el gigantesco stock de viviendas vacías».

Varios son los objetivos: estimular a corto plazo las ventas para aliviar ese stock, poniendo fecha límite a la deducción del IRPF; elevar la inversión en rehabilitación y de ese modo regenerar actividad y empleo; e incrementar significativamente el parque de viviendas de alquiler para que llegue al 20% del total (ahora está en el 13%).

l Medio ambiente, transporte y energía. Se reafirma el compromiso de llegar a 2020 con un 20% menos de emisiones de CO2 y un 20% del consumo de energía primaria cubierto con tecnologías renovables. Y el Gobierno fija por ley que la edad límite de las centrales nucleares es de 40 años, pero a la vez abre la puerta a «renovaciones extraordinarias» de las licencias. En el capítulo de transporte, se ratifica la apuesta por el ferrocarril, con énfasis en el caso del movimiento de mercancías. Señala la ley (artículo 117) que será prioritario adaptar las líneas de la red básica del transporte de mercancías por ferrocarril para hacer posible la circulación de trenes de más de 750 metros de longitud.

l Internet. Sin duda el aspecto más polémico de la Ley de Economía Sostenible, hasta el punto de que ya ha provocado movilizaciones ciudadanas y ha llevado a la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a asegurar que buscará fórmulas para modificar la norma.

La mayor oposición radica en la constitución de una Comisión de Propiedad Intelectual y su «facultad» para clausurar las páginas web que incumplan los derechos de propiedad intelectual. Los opositores consideran que es inconstitucional «poner en manos de un órgano no judicial la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web». Consideran que este poder debe seguir siendo «exclusivo» del poder judicial y piden que no haya «ni un cierre sin sentencia» judicial.

El borrador de la ley, calificado por la oposición como un producto de «mercadotecnia política» y como un «cajón de sastre» improvisado de ministerio en ministerio, no hace referencia alguna a la sangría del desempleo, lo que le ha costado a Zapatero también generalizados reproches en las bancadas no socialistas del Congreso. Tampoco hay números sobre su impacto, el cálculo de cómo puede beneficiar a la actividad y al empleo. José Manuel Campa ha contestado sobre ello en una entrevista reciente: «La ley de Economía Sostenible elevará varias décimas el potencial de crecimiento del PIB español».

Y el texto no entra en los tres grandes asuntos que los especialistas consideran esenciales para rectificar el rumbo a largo plazo de la economía española: las reformas del mercado laboral, las del sistema educativo y el modelo energético.

Tales asuntos sí están dentro de lo que el Gobierno socialista ha llamado globalmente «Estrategia de desarrollo sostenible», sujetos a negociaciones políticas y con los agentes sociales cuyo calendario y alcance es aún incierto.

El economista Luis Garicano ha sentenciado que lo más negativo de la Ley de Economía Sostenible «es lo que falta». Añade: «Lo más disfuncional de la economía española y que se puede cambiar de un plumazo es el mercado laboral y hay que resolver con más coraje el tema de la formación y de la Universidad». No hay encaje posible en la economía global del conocimiento, creen Luis Garicano y otros expertos como el economista asturiano Joaquín Lorences, para una sociedad donde el 41% de quienes tienen entre 25 y 34 años no han llegado a terminar los estudios de Formación Profesional o bachillerato.