La nueva ley sólo plantea tibias medidas contra la morosidad

Oviedo

La morosidad perjudica a las empresas, según los empresarios, tanto como la falta de financiación crediticia. Y es que muchas pymes se han visto y se ven en serios aprietos económicos e incluso en la quiebra por recibos y trabajos impagados. Un mal que también afecta de manera grave y directa a muchos autónomos.


El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora una propuesta para modificar la Ley contra la Morosidad y la de Contratos del Sector Público para reducir el plazo máximo de pago de 60 a 30 días. El tiempo medio en la actualidad es de 134 días en el caso del sector privado y de 89 días en las operaciones comerciales entre empresas. Unos plazos que superan con creces los de Europa, con 67 días en el primer caso y 54 en el segundo.


Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que actúan como proveedores de grandes compañías y de la administración pública encuentran «resquicios» en la ley que pondrían en duda su utilidad.


Por ejemplo, en el caso de los contratos públicos, la Administración tendrá tres años para adaptarse a la nueva normativa. Un plazo demasiado extenso y que, según los empresarios, permitiría que algunas empresas vayan a la quiebra y otras no levanten cabeza.


Si se trata de contratos entre empresas privadas, el plazo es de 60 días, pero además, se puede tardar 30 días en enviar una factura. Conclusión: legalmente el que tiene que pagar puede tardar tres meses en hacerlo.


Las medidas legales que se pueden adoptar no serán, en cualquier caso, coercitivas. El Gobierno plantea la implantación de un «Código de buena conducta», que es voluntario. O sea, nada, según las pymes.


Si se trata de administraciones públicas, los interventores deberán hacer informes trimestrales sobre el cumplimiento de pagos, pero no se prevén sanciones si no se ha pagado. Eso sí, se puede reclamar por vía judicial. Ninguna novedad.