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Oviedo
Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), ha criticado que Cajastur tenga que usar al Banco Liberta para salvar a la intervenida Caja Castilla La Mancha (CCM), al no poder utilizar cuotas con derechos políticos. Este sistema (títulos similares a las acciones de los bancos, pero sólo con derecho a percibir beneficios, no a participar en la gestión) hubiera permitido que CCM se hubiese convertido en una filial de la asturiana. Quintás entiende que ahora no es momento de reformar la ley de Cajas, como acaba de anunciar el Gobierno, aunque habría que buscar acuerdos políticos para superar con éxito la reordenación del sector.
Comunidades autónomas y ayuntamientos tienen voz y voto en las asambleas de las cajas, que exigen que se las deje funcionar con criterios económicos y no políticos, como se está viendo con las negociaciones para la fusión de entidades, o en el caso de la presidencia de Caja Madrid.
Quintás denuncia, en una entrevista en un diario nacional, la intención de algunos poderes públicos, y cita al Banco de España, al Ministerio de Economía y a las comunidades autónomas, que «quieren convertir las cajas en bancos sin pasar por el Parlamento». Y añade que «al grito de despoliticemos las cajas, se ha hecho uno de los asaltos más espectaculares de los políticos a las cajas».
Añade que «no puede ser que, a base de cerrar otras salidas, las cajas tengan que usar un banco para salvar otra caja en situación de crisis», en referencia al método que tendrá que utilizar Cajastur en su operación sobre CCM.
El presidente de la CECA considera que la reforma de la ley de Cajas habría que «hacerla en un contesto de menos urgencia y presión», excepto en dos cuestiones concretas: «Que se permita utilizar cuotas con derechos políticos en situaciones de crisis» (...) y los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) -conocidos como fusiones virtuales-, que «suponen una contaminación ya que se sitúa como figura principal un banco. Es como si a los bancos para aliarse entre sí se les obligara a constituir una caja».
Quintás reclama «por vía de urgencia, un pacto de los partidos y reformar las cuotas y el SIP para luego hacer la ley con más tranquilidad». Porque si no hay cambios en la legislación, los grupos de cajas estarían encabezados por un banco, lo que «es una perversidad que no se ha dado en ningún país».
Quintás aporta la que él considera que sería una solución: «Crear una caja que pueda ser propiedad de otras cajas, como hoy es la CECA (...) Si se aplicase la normativa tendríamos que haber sido un banco, lo que es una monstruosidad». E incide en que «si se quiere que (las cajas) seamos bancos, que alguien presente un proyecto de ley en el Parlamento. Usar la astucia del trilero no es digno de una democracia del siglo XXI», añade.
El presidente de la CECA asegura que «no me preocupa que un banco pudiese comprar una caja, pero esa fiesta con la que algunos sueñan de reparto alegre de despojos no se va a producir». Y lo explica porque las cajas «seguimos ganando cuota» y «el sector inmobiliario, el gran inconveniente, volverá a ser una ventaja». Una advertencia más de Quintás: «Fusionar como sea, y en cualquier caso, es totalmente absurdo. Es una extraña obsesión».
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