Una reforma laboral en ciernes

Oviedo, Javier CUARTAS

La necesidad de una reforma laboral empezó a proclamarse en España cuando la crisis económica internacional, la más grave desde la Gran Depresión de 1929, detonó de forma definitiva en septiembre de 2008 con el derrumbe de la banca de inversión de EE UU, tras algunas crisis inmobiliarias previas. Fue una demanda de algunos sectores económicos, del empresariado y de algunos partidos de la oposición, que contó con una gran reticencia por parte del Gobierno y una abierta oposición de los sindicatos. Durante meses el debate se centró en si la pretendida reforma laboral escondía o no un mero intento de abaratar y facilitar aún más el despido laboral en España.

Ahora, tras fuertes tensiones entre Gobierno y patronal, y entre CEOE y sindicatos, y restañada la abrupta ruptura antes del verano del diálogo social, empiezan a vislumbrarse indicios de acercamiento. Ya nadie rechaza la posibilidad de hablar de una posible reforma del mercado laboral y de las normas que lo regulan, y hasta los sindicatos acceden a hablar de ello, pero persisten las «líneas rojas» y, sobre todo, muchas reticencias e inconcreciones sobre cuáles son las verdaderas intenciones de unos y otros.

El presidente del Gobierno ha advertido de que en ningún caso negociará una rebaja del coste del despido, ni un recorte de derechos consolidados ni que se prescinda de la intervención judicial en las rescisiones de contratos.

La patronal CEOE niega que tenga entre sus objetivos abaratar el despido, pero reclama una negociación sin «líneas rojas» que no se puedan cruzar. Mariano Rajoy, presidente del PP, aboga por la reforma y acaba de declarar que en ningún caso postula que los trabajadores pierdan derechos adquiridos, pero no ha pormenorizado su propuesta más allá de juzgar «inaceptable» que los actuales contratos temporales carezcan de indemnización por despido y de considerar razonable «la colaboración privada», y no sólo la intervención judicial, en los expedientes de extinción laboral.

Los sindicatos dicen estar dispuestos a hablar, pero es de suyo que lo harán a la defensiva, porque temen un «vendaval» liberalizador justo cuando en casi todas las latitudes se ha optado por el intervencionismo regulador para intentar salir de la crisis.

Quienes más demandan una reforma de la legislación laboral parten de la premisa de que la actual regulación del mercado de trabajo es causa relevante -para otros sólo es, en el peor de los casos, factor coadyuvante- de que España sea el país con mayor tasa de paro de la OCDE, pese a que, de las grandes economías, es una de las que menos ha sufrido la caída de su PIB (el valor de la producción nacional).

Sin embargo, la regulación laboral es sólo uno de los factores. El otro, aún más determinante, es la estructura productiva.

Una economía como la española, con mayor predominio de los sectores intensivos en mano de obra (y de media o baja cualificación) que de las actividades con elevado componente tecnológico, está abocada a ser una economía espasmódica, con fortísimo crecimiento de la población laboral en época de bonanza (España lideró en la UE la creación de empleo hasta 2007) pero intensísimas convulsiones y contracciones en etapas de crisis.

Y ello porque los sectores predominantes tradicionalmente en España (edificación, turismo, servicios básicos no especializados, etcétera) crecen con mucha facilidad y absorben mucha mano de obra en períodos de euforia (en los últimos 15 años España llegó a construir más viviendas al año que el Reino Unido, Francia y Alemania juntas), pero se desploman y desalojan empleados de forma impetuosa en cuanto se resfría la economía. Sólo la construcción ha destruido la mitad de los dos millones de puestos de trabajo que han desaparecido en España desde que sobrevino la recesión.

Que el tipo de tejido económico y de estructura productiva (las actividades predominantes en cada territorio) son determinantes en la mayor o menor facilidad para expulsar mano de obra y generar paro, con independencia de la regulación legal del mercado laboral, lo ponen de manifiesto los casos de EE UU e Irlanda, con elevadísimos crecimientos del desempleo en la actualidad, y sin parangón en el último cuarto de siglo, pese a que disponen de un mercado laboral plenamente desregulado.

EE UU, con el despido más fácil, rápido y barato del mundo, acumuló 23 meses consecutivos de alza del paro, y alcanzó en octubre una tasa oficial de paro del 10,2%, una cifra récord desde abril de 1983. En noviembre redujo por primera vez, en apenas dos décimas, esa espiral destructora de empleos; pero, según acaba de escribir el «gurú» de la economía Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, la tasa real de paro en EE UU -un país muy dependiente también de la edificación- está en el 17,5% (menos de dos puntos por debajo de la cifra oficial de España).

El caso español también es ejemplar, porque con un mismo modelo de regulación laboral en todo el país la tasa de paro difiere radicalmente según las zonas: las regiones de la mitad sur de España (las economías menos industrializadas) tienen una tasa de paro superior a la media, mientras que en las de la mitad norte (la más industrial) el paro, aunque también ha aumentado con la crisis, lo ha hecho en menor tasa y sigue por debajo del promedio.

Que la crisis no golpea lo mismo a unas actividades que a otras lo acaba de poner de manifiesto el ICEX para el caso de Asturias. La crisis económica internacional ha causado en lo que va de año el desplome de las ventas en el exterior de las producciones asturianas de carácter tradicional y básico, pero con las exportaciones de los productos que incorporan mayor componente tecnológico (bienes de equipo, manufacturas de consumo y bienes de consumo duradero) ha ocurrido todo lo contrario: en vez de menguar, crecieron, a pesar de que la crisis es internacional.

Con todo, está muy extendida la convicción de que el modelo laboral vigente en España incorpora rigideces que no favorecen una rápida adaptación de las empresas a los cambios del ciclo económico ni un suficiente aprovechamiento de los recursos laborales.

La dualidad del mercado laboral español, con un tercio de su población trabajadora sujeto a contratos temporales, es una singularidad española que para muchos expertos y economistas constituye una de las causas determinantes de que las empresas desalojen mano de obra en grandes cantidades cuando precisan ajustar su oferta y capacidad productiva a una demanda en retroceso.

De este modo, con el 33% de la población laboral sin apenas protección y sujeto a un coste de despido muy bajo o ínfimo -frente a los trabajadores fijos, mucho más protegidos-, el empresario español no tiene incentivos para buscar alternativas a la destrucción de empleo con fórmulas imaginativas como las que con tanto éxito se ha logrado frenar el crecimiento del paro en Alemania pese a una caída de su PIB superior al español.

El llamado «kurzabeit» o contrato alemán de jornada reducida ha permitido que las empresas germanas en vez de destruir empleo y bombear en masa trabajadores al paro, lo hayan conservado, repartiendo la menor carga de trabajo entre todos sus empleados, que han visto así recortada su jornada laboral y, en esa misma proporción, los salarios que les abona la empresa. El Gobierno compensa la diferencia, pero con ello el Estado se ahorra el coste del desempleo y, al tiempo, logra mantener en activo a todos sus recursos laborales, prestos a satisfacer con inmediatez cualquier repunte de la demanda.

Este modelo es muy atractivo para la empresa industrial típica alemana, aquella que, con alto componente tecnológico y necesidad de mano de obra cualificada, prefiere la mayor complejidad del «kurzabeit» a la rápida y fácil opción expeditiva del ajuste de capacidad mediante la vía del despido, porque con ello logra retener a personal formado y cualitativamente valioso del que acaso vaya a haber escasez en el mercado cuando la economía vuelva a repuntar.

Por el contrario, actividades de baja o media cualificación, como las que han posibilitado el llamado «milagro español» del crecimiento, carecen de incentivos para retener personal con fórmulas de gestión siempre complejas, porque se trata de mano de obra generalmente abundante, de la que puede prescindir a sabiendas de que si la demanda se recupera no habrá dificultad para volver a reclutarla. Aún lo es más si el 33% de los trabajadores españoles son fácilmente prescindibles al estar sujetos a contratación temporal.

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