Los avales del Principado para las hipotecas no llegan a ninguna familia en su primer año

Oviedo, L. GANCEDO

El programa de avales públicos que el Principado impulsó para apoyar a las familias que se hipotecan para comprar pisos protegidos no ha tenido ningún beneficiario cuando está a punto de cumplirse el primer año de vigencia de tal programa. Los promotores sostienen que la Administración asturiana no ha llegado a desarrollar las ayudas que pactó con la banca, mientras que el Gobierno alega que los avales existen y están en los Presupuestos, pero que en este tiempo no se ha recibido ninguna solicitud. Ha ocurrido así, según las explicaciones recabadas, debido a que el Ejecutivo sólo se presta a avalar hipotecas sobre viviendas iniciadas a partir de enero de 2009.

A finales de 2008, con el negocio inmobiliario al borde del crac y con el sector financiero endureciendo el crédito, el Principado firmó un protocolo con las principales cajas y bancos con el propósito de favorecer el acceso a la financiación a familias y empresas. Para estas últimas se ofertó una línea de avales que, a través de Asturgar, comenzó a funcionar en los primeros meses de 2009. Y se anunció que el Principado actuaría también como avalista de los compradores de viviendas de protección oficial. El Consejo de Gobierno aprobó para ello un convenio el 14 de enero de este año y aseguró que desde ese mismo momento estaban en marcha las nuevas «hipotecas protegidas». El Gobierno divulgó también que podía haber entre 4.000 y 6.000 beneficiarios cada año.

Según la información recabada en el Principado y entre los promotores y entidades financieras, en todo 2009 no se ha tramitado ninguno de esos avales. Su funcionamiento, aún por estrenar, iba a ser el siguiente: el Principado actuaba como garante ante el banco o caja, comprometiéndose a responder del pago de hasta doce cuotas hipotecarias en caso de que el comprador falle; a cambio de reducir de ese modo el riesgo, la entidad financiera se comprometía a facilitar el acceso a la hipoteca, ampliando, por ejemplo, el límite del capital prestado del 80% al 100% del precio. La oferta está pensada para familias que no superen un determinado nivel de ingresos -los que fija la legislación para el acceso a la vivienda protegida-, y sólo para pisos iniciados en 2009.

«Los avales se quedaron en nada, no se han desarrollado», aseguró Apolinar Cuesta, presidente del grupo de promotores de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC). Fuentes del Principado confirmaron que durante este primer año no se han recibido peticiones de las entidades financieras para aplicar el convenio. Las fuentes consultadas en cajas y bancos precisaron que no tienen constancia de que se haya detectado «demanda» de unos avales que en los Presupuestos Generales de 2010 están incluidos en una partida de 38 millones de euros que implica también apoyos financieros a los promotores de viviendas protegidas.

El hecho de que el plan se limite a los pisos iniciados en 2009 ha sido determinante para el nulo resultado de los avales en su primer año, según las explicaciones recabadas. Ocurre que los compradores no asumen las hipotecas hasta el final de las obras, generalmente año y medio después del inicio de las mismas. La patronal sostiene, sin embargo, que los avales podían estar aplicándose ya para ayudar a las familias a acceder a la financiación.

El convenio con la banca fue firmado por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y gestionado por la Consejería de Economía. La de Vivienda, dirigida por IU, se ha quejado últimamente de que el sector financiero pone trabas con las hipotecas a los compradores de pisos protegidos. El cometido de los avales del Principado era mitigar esas trabas.

Los avales

El Gobierno del Principado y las direcciones de las principales entidades financieras llegaron a un acuerdo a finales de 2008 en el que se formulaba de manera genérica la concesión de avales públicos para las familias compradoras de viviendas protegidas. Según el texto del convenio aprobado por el Gobierno en enero de este año, el Principado iba a actuar como avalista, garantizando a bancos y cajas que respondería por una cantidad equivalente a doce cuotas de la hipoteca en caso de impago por el comprador. Las entidades se comprometían a mejorar las condiciones de los préstamos.

Compra de pisos en «stock»

El Principado hizo este año una oferta a los promotores para la compra de pisos de promoción libre y que estuvieran sin vender. La Consejería de Vivienda hizo una convocatoria en la que fijó como precio máximo el de las viviendas protegidas. Presentaron ofertas once promotores, con un total de 146 pisos, cuando la estimación inicial del Gobierno era llegar a unos 300. La operación aún se está cerrando. Los pisos adquiridos serán convertidos en viviendas protegidas que se adjudicarán en régimen de alquiler, con rentas inferiores a los 350 euros al mes. La operación ha sido criticada por la patronal.

Extensión de ayudas

El pasado octubre la Consejería de Vivienda y los promotores firmaron un acuerdo que busca reducir el «stock» de viviendas sin vender y facilitar ayudas a los compradores. El pacto supone que los promotores ofrecerán unos 1.000 pisos de promoción libre a precios que como mucho superarán en un 10% los de la vivienda protegida. A cambio, los compradores tendrán acceso a las condiciones de financiación que el Ministerio de Vivienda ofrece a los compradores de pisos protegidos y a otras ayudas regionales, siempre que los potenciales beneficiarios no superen cierto nivel de renta.