El PP intentará vetar hoy en el Senado un cambio legal que protege a Cajastur en CCM

Oviedo, J. CUARTAS

El grupo parlamentario popular en el Senado defenderá hoy en el pleno de la Cámara Alta un voto particular que, de prosperar -como podría ocurrir, con el apoyo de CiU-, supondría la supresión de una enmienda que fue introducida por los socialistas y aprobada en comisión con el respaldo del Grupo Mixto para dar mayor cobertura legal a la toma de control del negocio financiero de Caja Castilla La Mancha (CCM) por parte de Cajastur a través de su filial Banco Liberta.

La iniciativa del PP y el eventual cambio de posición de CiU, que podría romper hoy su pacto previo con el PSOE y demás grupos, ha causado preocupación entre los socialistas porque, de prosperar la operación, la enmienda ya no podría ser reincorporada cuando el texto vuelta al Congreso.

La reforma legal pretende explicitar que a las operaciones como la de Cajastur en CCM le son aplicables la ley 3/2009 que regula las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Esta precisión fue una petición de Cajastur al Gobierno, según desveló ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, en el Congreso.

El Gobierno y los socialistas están persuadidos, al igual que el Banco de España, de que la operación de Cajastur en CCM es legal tal y como está planteada, y ayer mismo Salgado sostuvo en el parlamento que la fórmula elegida es «perfectamente lícita» y que no precisa de ninguna reforma legislativa para su ejecución.

Sin embargo, el grupo parlamentario socialista en el Senado optó por aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley para el Fomento del Empleo para introducir una disposición legal (la enmienda número 83) cuyo objetivo es dotar de mayor seguridad jurídica a operaciones como la de Cajastur para ampararla de eventuales litigios.

«Cajastur nos ha pedido que pueda tener la seguridad de que la Ley 3/2009 les es directamente aplicable y no sólo por analogía» y lo que se pretende es «clarificarlo y dar mayor seguridad jurídica», dijo Salgado. Cajastur pidió esa precisión legal una vez que el PP amenazó con recurrir judicialmente la adjudicación de CCM. Ahora el PP trata de desactivar esa protección legal mediante un voto particular presentado por su portavoz en el Senado, Pío García-Escudero.

La modificación introducida por los socialistas y el Grupo Mixto mediante la enmienda 83 tiene por finalidad «dotar de la necesaria seguridad jurídica a determinadas operaciones de modificación estructural que pueden darse en la vida de las entidades de crédito y que vienen siendo habituales desde hace tiempo». En concreto, lo que busca esta enmienda, ya aprobada en comisión, es sujetar expresamente» a la ley 3/2009 «todas las operaciones de fusión, escisión y cesión global o parcial de activos y pasivos en que intervengan entidades de crédito», caso -aunque el texto no lo explicita- de la anexión de CCM por Cajastur. En la exposición de motivos se dice que ello es conveniente «por coherencia y seguridad jurídica».

Lo que hoy defenderá el PP en el Senado es que se suprima esa modificación y que se vuelva al texto tal y como el Congreso lo remitió al Senado. La ley, tras pasar por el Senado, debe volver otra vez al Congreso, pero si el PP lograse hoy un respaldo mayoritario para suprimir el cambio introducido por los senadores, los diputados ya no podrían reintroducirlo en la Cámara baja.

Ayer, el diputado del PP Ramón Aguirre recriminó al PSOE que haya «colado de tapadillo» una enmienda que modifica la ley de sociedades y afecta a las cajas de ahorros. El PSOE replicó que dio a conocer al PP previamente el texto.

Texto de la enmienda 83

«Las operaciones de fusión entre entidades de crédito de la misma naturaleza, así como la escisión y cesión global de activos y pasivos entre entidades de crédito de idéntica o distinta naturaleza se regirán por las normas establecidas para dichas operaciones en la presente ley [3/2009], sin perjuicio de lo previsto en la legislación específica aplicable a estas entidades».

Agrega que esta ley también es aplicable a las entidades de crédito cuando «la operación consista en el traspaso por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una entidad de crédito, cualquiera que sea su naturaleza».