El reparto eólico favorece a Castilla y León y a Andalucía y penaliza a Asturias y a Galicia

Oviedo, L. G / Agencias

Castilla y León, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido las regiones más favorecidas por el reparto que ha decidido el Gobierno en un intento de poner orden en el desarrollo de la energía eólica en España. En cambio, los resultados de esa ordenación han dejado fuera unos 10 proyectos asturianos, más de la mitad de los que parques de molinos de viento que las empresas preveían instalar entre 2010 y 2012 en las montañas del occidente regional. Galicia es otro de los territorios que sale penalizado.

El Ministerio de Industria creó el llamado «registro de preasignación» para fijar el cupo de los parques eólicos, huertos solares, instalaciones minihidráulicas y otras energéticas de origen renovable que durante los próximos tres años pueden acceder al cobro del incentivo que prima a los promotores de estas tecnologías. Se estableció asimismo un calendario para la entrada en servicio de las instalaciones beneficiadas que no comprometa la solvencia técnica del sistema eléctrico. Ese procedimiento supone, en suma, que los proyectos que queden fuera de la lista no se materializarán al menos hasta después de 2012.

El departamento de Miguel Sebastián ha dejado la puerta abierta a la incorporación de alguna instalación más, pero la relación provisional de parques eólicos está por debajo de las expectativas que tenían en Asturias tanto las empresas como el Principado. Entre 16 y 17 proyectos optaban a entrar en el registro. Lo han hecho siete y uno de ellos, además, es un parque eólico que ya está en funcionamiento. Con ese balance, una decena de parques eólicos queda en el aire.

Sin incluir el parque que ya funciona, Asturias recibe una asignación hasta 2012 de 160,5 megavatios, cuando se aspiraba a más de 400. La clave de ese resultado está, según fuentes conocedoras del proceso, en la lentitud de los procesos administrativos para autorizar los parques. Ocurre que el Ministerio exigía que los proyectos dispusieran ya de todos los permisos (ambientales, urbanísticos, de obras...).

La aplicación de ese criterio ha favorecido, según varias fuentes del sector, a las regiones que han sido más ágiles con los permisos. Este ha sido el caso de Castilla y León, que ya es una de las grandes regiones eólica. La comunidad ha conseguido el visto bueno para 73 parques que suman más de 1.900 megavatios, cerca del 30% de toda la potencia eólica que se repartió.

La decisión del Ministerio coincidió en un momento oportuno también para Andalucía. Después de un período de más dudas sobre la energía eólica, la Administración andaluza completó la tramitación de 63 parques eólicos que suman 1.686 megavatios y que ya tienen el beneplácito del Gobierno central. Cataluña (985 megavatios), Comunidad Valenciana (665) y Castilla-La Mancha (452) también salen bien paradas de un reparto en el que Galicia y Aragón obtienen resultados modestos, inferiores incluso a los de Asturias.

El reparto por empresas presenta a Iberdrola como uno de los grandes vencedores. La eléctrica informó de que el reparto eólico le asigna 1.175 megavatios, el 20% del total. EDP, dueña de Hidrocantábrico, se ha hecho con 840 megavatios (13% del total) y Acciona, con 829.

Al hilo del debate sobre las energías renovables, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló ayer que los usuarios deben acostumbrarse a «pagar más y consumir menos» energía, porque los precios tendrán que subir para que las empresas realicen las inversiones necesarias para recortar las emisiones de CO2. «Estamos discutiendo acerca de los precios para el próximo año, y estamos hablando sobre un euro al mes por familia; si las compañías no pueden esperar un retorno adecuado, no habrá ningún banco dispuesto a invertir, y el país tendrá un problema», señaló, y afirmó también que el recibo eléctrico «sigue suponiendo un gasto relativamente pequeño para los hogares».