Unos 14.000 trabajadores sufren regulación de empleo

La cifra de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Asturias se sitúa actualmente por encima de los 14.000 de los que el 99 por ciento se encuentran en situación de suspensión temporal del empleo, según refleja la resolución aprobada hoy por el Comité de UGT-Asturias.

Este dato constata, según el máximo órgano entre congresos del sindicato, el deterioro de los indicadores laborales de la economía asturiana que ha visto reducido además este año su población activa en 7.200 trabajadores y la ocupada en 32.000 empleados.

Asimismo considera preocupante el incremento en un 63,3 por ciento del paro respecto al año anterior, que sitúa la tasa de desempleo en torno al 13 pro ciento y que castiga especialmente a la industria y la construcción con un aumento en el número de parados del 170 y del 129 por ciento, respectivamente.

Ante esta situación, el sindicato que lidera Justo Rodríguez Braga emplaza a la patronal a desbloquear la negociación de los convenios colectivos y a retomarla vía del diálogo social "retirando las propuestas antisociales de reforma laboral, como el despido libre, la bajada de las cotizaciones o la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación".

También requiere de la administración autonómica el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras y vivienda recogidas en el acuerdo de concertación, la mejora de los Servicios Públicos y la protección social, lo que requiere, a su juicio,una reforma fiscal que garantice la suficiencia financiera necesaria y los principios de equidad y progresividad.

La central plantea también reforzar el sector industrial y energético lo que requiere una política industrial "activa" y el diseño de un modelo que configure un mix diversificado y equilibrado donde tengan cabida las diferentes fuentes de energía, impulsando las autóctonas, entre las que se encuentran las renovables.

En este sentido, UGT considera preocupante el bloqueo de las líneas de evacuación (Lada-Velilla y Soto-Penagos) así como el retraso de las inversiones previstas en los ciclos combinados y las plantas de biodiésel, a la vez que exige el cumplimiento de los acuerdos pactados en el Plan del Carbón dado que hay 800 millones pendientes de aplicar cuya ejecución "se debe acelerar". EFE