Organismos de la Administración pagan la luz un 20% más cara por incumplir un plazo

Madrid, Efe

Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, podrían quedarse sin luz en enero si se aplicara de manera estricta la normativa que obligaba a estos consumidores a contratar su suministro en el mercado eléctrico y a dejar de estar acogidos a la tarifa regulada.

Estos usuarios debían estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses. Desde entonces, tales consumidores, en buena parte ayuntamientos y otras entidades de la Administración, sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5 por ciento al trimestre y que desde julio de este año son del 20 por ciento sobre la tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria consultadas por «Efe» apuntaron que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa, salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas. Según fuentes del sector eléctrico, el número de clientes de electricidad en alta tensión que pueden estar en situación irregular en Asturias es poco relevante y no existe riesgo de cortes de suministro.