Madrid, Agencias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional concluyó ayer que la aerolínea Air Comet, que dirige el presidente de la patronal española (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, podría haber cometido un supuesto delito de estafa por vender billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia de la empresa y pide al juez Santiago Pedraz que investigue los hechos, según el informe de 11 de enero enviado al Juzgado. Por su parte, Pedraz podría decidir hoy si admite a trámite o no la demanda presentada el pasado 23 de diciembre por nueve asociaciones de consumidores por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, tras estudiar el informe de la fiscalía al respecto, según informaron fuentes jurídicas.
El fiscal concluye en su escrito que los hechos descritos en la demanda presentada contra la aerolínea y sus directivos Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual «podrían ser constitutivos de un delito de estafa cometido contra una generalidad de personas», por lo que «procede admitir la competencia para su conocimiento e instrucción». Entre las diligencias de instrucción, la fiscalía pide a Pedraz que solicite a la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional un informe sobre si Air Comet «continuó vendiendo billetes una vez que un Juzgado de Londres acordó el cese de su actividad, así como el mecanismo de comercialización de los billetes de la compañía, la fecha concreta del cese de actividad y las circunstancias relacionadas con los hechos».
El fiscal pide al Ministerio de Fomento que informe al Juzgado «si abrió un expediente o efectuó alguna comunicación o requerimiento» a la compañía respecto a «su forma de actuar» antes del cese de su actividad. Por último, la fiscalía solicita el envío de una comisión rogatoria al Reino Unido para que la Corte Suprema de Londres remita a la Audiencia Nacional la resolución que dictó el embargo sobre los trece aviones de Air Comet por el impago de un crédito a 25 millones de dólares (17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank, que precipitó el cierre de la aerolínea.
Las asociaciones de usuarios aplaudieron la petición de la fiscalía y aseguraron que Fomento podría haber actuado «con más diligencia».
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