Oviedo, Javier CUARTAS

El grupo de economistas que el año pasado difundió el llamado «Manifiesto de los 100», donde se proponía un modelo de contrato único, expresó ayer su temor de que la reforma laboral que pretende el Gobierno acabe siendo una decisión «descafeinada» y alertó de que, si los esfuerzos por cambiar el modelo productivo que impulsa el Ejecutivo -con el plan de economía sostenible y otras medidas- no son acompañados con una reforma laboral profunda, la tasa de paro puede tardar más de una década en reducirse por debajo del 10%, que era la situación de 2007, previa a la crisis, cuando la economía española alcanzó el hito de reducir la tasa de paro hasta el 8% de la población activa.

En un documento difundido ayer -un libro electrónico coordinado por los profesores Juan José Dolado (Universidad Carlos III) y Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo)-, este grupo de economistas asegura que, aun cuando la economía española volviera a tener un crecimiento intenso similar al registrado entre 1995 y 2007 (a una tasa media anual del 3% del producto interior bruto o PIB), «tardaríamos 10 años en reducir la tasa de desempleo al 10%» de la población activa. Y en el caso de que hubiera un cambio de modelo productivo -como se pretende- y que al tiempo se produjera un aumento de la productividad del trabajo -que es otra de las aspiraciones de la economía española para ganar en competitividad-, un crecimiento venturoso del 3% anual del PIB supondría tener que esperar 20 años para que España alcance la media de paro europeo, toda vez que los requerimientos de empleo por unidad de PIB serían menores a medida que se produzcan ganancias de competitividad.

Los autores del estudio sostienen, por el contrario, que este período se reduciría a 6,5 años si el reclamado cambio de patrón de crecimiento de la economía española (menor dependencia de la edificación, mayor capacidad exportadora, más componente tecnológico, producciones con mayor valor añadido, etcétera) se acompaña de una reforma laboral en línea con la que plantean estos economistas.

De esta forma, y según este colectivo de economistas, sólo una actuación conjunta en la que a las políticas que incentiven un cambio de modelo productivo se sumase una «reforma laboral integral» permitiría reducir la tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos con relativa prontitud. En caso contrario, una reforma laboral «descafeinada», aun cuando fuese acompañada de otras medidas de modernización económica, sería, advierten, «escasamente efectiva para hacer frente a la dramática situación actual» del desempleo.

El grupo de economistas nucleado en torno al «Manifiesto de los 100» propugna cuatro líneas de actuación: supresión de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales con la creación de un contrato único para las nuevas contrataciones, con una indemnización por despido que sea creciente en virtud de la antigüedad en el puesto de trabajo, la mejora de la protección por desempleo, modernizar la negociación colectiva y promover políticas activas de empleo realmente eficaces.

La propuesta de contrato único para los nuevos trabajadores consiste en una indemnización creciente por despido de 12 días por año trabajado, hasta un máximo de 36 días para una antigüedad de 12 años. En la actualidad la indemnización para trabajadores fijos por despido objetivo está en 20 días por año trabajo, y en 45 días en caso de despido improcedente, pero hay un tercio de la población laboral con contratos eventuales y despido mucho más barato.

Los economistas promotores de esta iniciativa tomaron ayer distancia de los planteamiento patronales y de las posiciones del PP, con los que en ocasiones se les ha querido identificar. «Esta propuesta», adujeron, «no tiene nada que ver con la realizada por la CEOE, que sí reduciría la protección de la mayoría de los trabajadores en comparación con la situación actual». Juan José Dolado, uno de los coordinadores, recordó que la CEOE defiende un contrato con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, y que las propuestas del PP «no han sido concretadas».

A diferencia de ello, su propuesta, aseguran, permitiría mejorar la indemnización por despido de la mitad de los trabajadores a los que afectaría la reforma. En concreto, según sus cálculos, un 40% de los trabajadores no se vería afectado por la reforma; el 50% vería mejorada su situación y sólo el 10% vería empeoradas sus condiciones, aunque de forma moderada. El sobrecoste para los empresarios sería sólo del 0,6% en diez años.

Los autores aseveran que la regulación contractual laboral actual es no sólo ineficaz, sino también injusta por la dualidad del mercado de trabajo en España: los trabajadores con contrato temporal (30% del total) cobran, aseguran, el 20% menos haciendo las mismas tareas o similares a las de un empleado con contrato indefinido. A su juicio, esta situación está contribuyendo a frenar el aumento del consumo y de la tasa de fertilidad.

A su vez, alertan de que la vía tradicional de ampliar bonificaciones y subvenciones para acabar con la contratación temporal «no es el camino idóneo» porque conlleva «un coste enorme para las arcas públicas» y porque, además, una vez que logran ser fijos «gracias a las subvenciones», sus tasas de despido son superiores a las de otros trabajadores indefinidos cuyos contratos no recibieron bonificación.

Quienes sostienen esta posición dudan también de la eficacia del llamado «contrato alemán» que ha permitido a la mayor potencia europea frenar la destrucción de empleo con reducciones de la jornada laboral a toda la plantilla. A juicio de este grupo de economistas, en España sería más difícil implantarlo y tendría un elevado coste, dado que se parte de la premisa de que el modelo de crecimiento español precisa, a diferencia del germano, de un profunda revisión. «No tiene sentido subvencionar a empresas para mantener la actividad en sectores que deben reestructurarse», alegan. De adoptarse esta medida, sugieren que se haga de forma temporal y con devolución de las ayudas públicas recibidas.