Oviedo, Javier CUARTAS
Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), intervino ayer en la cátedra de Distribución Comercial Fundación Ramón Areces de la Universidad de Oviedo. A su juicio, no cabe la tolerancia de las prácticas empresariales contra la competencia ni aun en época de fuerte crisis económica como la acrtual. «Las empresas deben apretarse el cinturón, pero no pactar entre ellas contra sus clientes», afirma.
-Los fabricantes alegan que están sometidos a una posición de dominio de la gran distribución. ¿Hay una situación lesiva?
-Las normas de la Competencia tratan de limitar situaciones de poder de mercado. Tradicionalmente se pensaba que los productores eran los que tenían una posición de poder. Esto sigue siendo verdad en algunos casos: la industria del automóvil establece las condiciones a los vendedores (los concesionarios), pero en otros sectores esto ha cambiado. En alimentación, por ejemplo, el poder ahora lo tiene la distribución. Se plantean casos de abuso de poder por capacidad de compra. El debate está abierto.
-Es el caso de la queja de los ganaderos de producción láctea.
-Hay sectores como éste que están emparedados en un «sandwiche»: los fabricantes de abonos, semillas, piensos, etcétera, tienen un gran poder de mercado, pero luego los ganaderos no tienen esa misma capacidad para trasladar precios y costes a la distribución comercial del producto final. La solución no puede ser llegar a acuerdos colectivos de precios porque este tipo de concentraciones de poder mediante negociaciones colectivas no están permitidas por la normativa europea. Por eso hemos dicho que algunos acuerdos sobre la leche podían constituir prácticas restrictivas de la competencia. Está pendiente de que se pronuncie Bruselas.
-¿Cuál es la posición de la CNC sobre los centros de gestión de derechos de propiedad intelectual, como SGAE y Cedro?
-Hemos recomendado al Gobierno limitar el poder de estas entidades. La ley de Propiedad Intelectual trató de romper el monopolio de la Sociedad General de Autores (SGAE) y fue un avance porque liberalizó lo que antes era un monopolio. Pero ahora tenemos ocho entes de gestión que actúan como ocho monopolios porque cada una se ha especializado en distintas actividades (escritores, artistas, audio, etcétera) y no compiten entre sí. Y esto ha incrementado los precios de retribución. Proponemos que se supriman determinadas limitaciones de la ley para que la gestión de derechos no sea exclusiva de estas entidades y pueda hacerse incluso individualmente con el fin de aumentar la competencia. Y además proponemos que estas entidades, para fijar sus tarifas, tengan que someterse obligatoriamente al arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, lo que ahora es voluntario. Porque aunque su dictamen no es de obligado cumplimiento, puede servir de guía a la CNC o a los jueces, y también al usuario, para argumentar si unas determinadas tarifas pueden ser abusivas o no.
-Ustedes sancionaron a los panaderos asturianos por concertar precios. ¿Tienen tanto poder de mercado como para multarlos?
-El poder de mercado se puede conseguir individualmente o porque pacten todos los elaboradores. Hubo sanciones a la patronal nacional (CEOPAN) y a la asociación asturiana de fabricantes de pan. En algunas regiones también hubo sanciones por los organismos autonómicos de la Competencia, como en Galicia. Si todos los panaderos se ponen de acuerdo en fijar precios y los suben por una recomendación colectiva ante el encarecimiento de sus materias primas es como si fueran un cártel, y ésta es la infracción más grave que existe en materia de Competencia. En España es una infracción administrativa, pero hay países en los que está tipificado como delito.
-Dada la crisis económica, ¿se están disparando las situaciones de restricción de la libre competencia por la vía de las ayudas públicas?
-La CNC tiene competencias limitadas en materia de ayudas públicas porque esto corresponde a la Comisión Europea. Lo que sí podemos es hacer valoraciones. Postulamos, al igual que la UE, que en épocas de crisis la tolerancia con las prácticas contra la competencia debe seguir siendo cero. No estamos apreciando un aumento de las conductas irregulares. E incluso han bajado las concentraciones empresariales, que muchas veces son defensivas.
-A ustedes se les ha acusado de exceso de celo en la persecución de esas prácticas en plena crisis.
-Esa fue una noticia patrocinada por una asociación empresarial a la que estábamos investigando por incurrir en abuso de poder. Fue un mecanismo defensivo. En época de crisis las empresas tendrán que apretarse el cinturón, pero no sustituir la competencia por pactos para mantener o subir precios o impedir su bajada. Como decía Joaquín Garrigues, las empresas no pueden sustituir la lucha por el cliente -que es la esencia del mercado- por la lucha contra el cliente.
-La ley Omnibus del Gobierno para aplicar la directiva comunitaria que obliga a liberalizar servicios ha sido replicada con protestas. ¿Apoya esa liberalización?
-La directiva ya tuvo problemas en su tramitación en Europa y se redujo su ámbito, excluyendo sectores. El sentido de las normas es eliminar trabas a la actuación empresarial. Nosotros lo defendemos. El Gobierno ha calculado que liberalizar el sector servicios permitiría aumentar el PIB en 1,2 puntos y generar 200.000 empleos. Pero quienes ya están instalados tratan de defender su posición y sus privilegios. Como dijo Cabarrús, las restricciones a la competencia benefician a unos pocos con la ignorancia de la mayoría. Tendemos a solidarizarnos con 70.000 taxistas y sus familias sin considerar que liberalizar ese sector favorecería la entrada de más operadores, a todos los potenciales clientes y a la marcha de la economía porque más oferta suele generar más demanda. La ley Omnibus es menos ambiciosa de lo que debería pero es un paso importante.
-¿Están en contra del sistema español de líneas regulares de autocar basado en concesiones?
-Oviedo-Gijón es una concesión del Principado a un solo operador, y Oviedo-Bilbao lo es estatal. Sin embargo, Bilbao-Burdeos está liberalizado. Basta con notificar que se quiere operar en esa ruta. Bilbao-Madrid es una concesión a una sola compañía de autocar, pero pueden volar en esa ruta todas las aerolíneas. Basta con una autorización. Creemos que hay que empezar a introducir competencia. Y sobre todo somos críticos con períodos de concesión muy amplios y con las prórrogas de las concesiones.
-¿Y las ayudas públicas encubiertas de las comunidades autónomas a las aerolíneas?
-La Comisión Europea las permite sólo en aeropuertos muy pequeños. Pero sabemos que hay ayudas mediante otro tipo de contratos que no están sujetos a competencia ni a concurso. Pueden ser investigables y sancionables.
-Han abierto varias investigaciones sobre el sector cementero. Aquí persiste el oligopolio, pese a la entrada de multinacionales.
-Porque han entrado comprando empresas preexistentes. En todo caso, éste es un sector en que hay que compatibilizar la libre competencia con la protección ambiental. Y a veces se usa la norma ambiental para poner barreras a la entrada de competidores. Y esto beneficia al que ya está contaminando.
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