Oviedo, Luis GANCEDO
El Gobierno asturiano ultima la tramitación de nuevas directrices para regular el sector comercial, caracterizado en la zona central por la alta concentración de hipermercados y otros grandes complejos. Y el Principado apuesta de nuevo por fijar restricciones a la implantación de centros comerciales, alegando su impacto territorial y ambiental. Según el diagnóstico en el que se basan esas nuevas directrices, la presencia de esos equipamientos es tan intensa que está comprometida la viabilidad de algunos de ellos.
Un documento que la Administración acaba de someter a información pública y en cuya elaboración participan la Consejería de Industria y la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras incluye la siguiente observación: «Los centros comerciales tienen una elevada presencia en el Principado de Asturias, hasta el extremo de que algunos de ellos parecen presentar problemas de viabilidad empresarial».
Asturias es la tercera comunidad autónoma con más densidad de grandes establecimientos, medida ésta como la relación entre la superficie comercial y el número de habitantes. La región tiene 431 metros cuadrados de hipermercados, centros o parques comerciales por cada millar de personas, proporción que sólo superan Madrid y Murcia. El área central reúne los 16 complejos de ese tipo que tiene Asturias, que suman una superficie construida equivalente a 86 hectáreas (la extensión de 86 campos de fútbol). Tal grado de concentración, da a entender el Principado, además de poner en aprietos la supervivencia del pequeño comercio urbano, estaría dando problemas a los propios hipermercados.
Fuentes consultadas en el Gobierno asturiano precisaron que no existe una alarma severa sobre la situación de los centros comerciales, incluso a pesar del impacto de la crisis en el consumo de los asturianos. Ahora bien, esas mismas fuentes reconocieron que algunos promotores sí han transmitido informalmente a la Administración que existen dificultades.
El texto de las directrices que está en tramitación aporta datos sobre la ocupación de los centros comerciales asturianos referidos a 2008, donde se aprecian varios casos de aparente baja ocupación de los locales. En aquel momento, siempre según ese documento, los centros con más espacios sin alquilar eran el Centro Cívico Comercial de Oviedo, Caudalia en Mieres y Las Meanas en Avilés.
El estudio del Principado no entra en más detalles sobre la situación empresarial de los centros comerciales. Pero sí hace una reflexión genérica sobre algunos riesgos por la situación del sector y subraya cómo los centros de menor dimensión pueden ver minada su actividad en la pugna con los más grandes y también que éstos últimos «tienen tal poder de atracción (...) que pueden generar, al margen del impacto sobre el comercio urbano, problemas graves tanto de accesibilidad (saturación de vías de comunicación, necesidad de nuevas infraestructuras) como ambientales (desplazamientos masivos ligados a la compra y el ocio». El ejemplo más claro, y así aparece citado en las nuevas directrices del Gobierno, es el del complejo Parque Principado, en Paredes (Siero).
Los impactos ambientales y en la ordenación del territorio son los que invoca la nueva regulación comercial asturiana para mantener acotada la autorización de más centros comerciales en la zona central. Las nuevas directrices sustituyen a las vigentes desde 2005, que como norma general determinaron que en el área central de Asturias no se autorizarían nuevos hipermercados o establecimientos análogos. Las limitaciones se plasmaron también mediante la exigencia a los promotores de un permiso autonómico, además de la licencia municipal. La reciente transposición a la legislación española de la directiva europea de servicios ha dejado fuera de la ley la segunda licencia, hasta ahora generalizada en todas las autonomías y que colisiona con el principio de libertad de empresa que preconiza la comentada directiva de servicios y asume la nueva legislación española de comercio.
Las autonomías están adaptando sus propias normas, pero no todas han eliminado la segunda licencia. La patronal de las grandes superficies, Anged, se ha quejado por las restricciones que, por ejemplo, mantiene Cataluña. Nada ha dicho por el momento sobre las directrices asturianas, que suprimen la licencia regional, pero usan otra vía para mantener bajo control autonómico la proliferación de los grandes equipamientos. Será mediante la exigencia de informes de «impacto ambiental» e «impacto estructural» (efectos sobre el territorio) sin los cuales no será posible obtener el permiso municipal.