Oviedo, Javier CUARTAS
En 47 países, en su mayor parte europeos, está abierto el debate de la prórroga de la vida laboral para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Varios de ellos ya han empezado a aplicar medidas de ampliación del período de cotización, caso de Alemania, Dinamarca y Reino Unido en términos similares a los que propugna el Gobierno español. Gran Bretaña va más allá y aspira a situar la edad de jubilación no en los 67 años, sino en los 68.
Otros países europeos, como Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Checa y Rumanía, si bien mantienen la edad de retiro por debajo de los 65 años, ya han ampliado -o están en trance de hacerlo- el período de vida laboral que se exige a los cotizantes para tener derecho a una pensión contributiva. Otros países, caso de Francia, han optado por mantener estable la edad de retiro, pero ampliar el período de cotización mínimo de 40 a 41,5 años para tener derecho a la prestación.
Fuera de la UE es un debate también vivo porque -con las particularidades propias de cada continente y, de forma más específica, de cada país- la tensión demográfica gravita en casi todas partes sobre el modelo de previsión pública. Japón, Singapur, Australia, Colombia y otras naciones ya tienen planes análogos para posponer la jubilación o sopesan hacerlo.
En EE UU ya está vigente la edad de jubilación a los 67 años para los nacidos después de 1960 y Noruega se mueve en un rango que oscila entre los 67 y los 70 años, según un estudio de la consultora Mercer, difundido hace dos años.
En España hace décadas que se viene alertando sobre la supuesta insostenibilidad del modelo a largo plazo, aunque las sucesivas fechas que se difundieron para la supuesta quiebra inevitable del sistema (2000, 2015... ahora 2030) han acabado por resultar infundadas y se han ido retrasando.
Quien primero planteó en España desde el Gobierno la necesidad de ampliar la vida laboral y el período de cotización para tener derecho a una pensión contributiva fue en 1995 el catedrático José Barea, entonces director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno de José María Aznar, pero el «escándalo» fue tan mayúsculo que optó por desistir. Desde entonces se han sucedido las alertas. Las hicieron varias veces, entre otros, el Banco de España, la Comisión Europea (Almunia pidió ampliar la vida laboral el pasado abril) y lo acaba de hacer hace diez días Rodrigo Rato en un informe en el que, si bien promovido por la patronal del seguro -interesada en el fomento de los sistemas privados de previsión-, barrunta que el sistema público de pensiones entrará en déficit dentro de cinco años.
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