La edad de prejubilación se elevará a los 58 años y se ampliarán los 15 años para calcular la pensión

Madrid / Oviedo
La propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones incluye otras medidas adicionales al aumento paulatino de la edad legal de jubilación, que pasará, de ser finalmente aprobado, de los 65 a los 67 años. El ejecutivo prevé, entre otras modificaciones, eliminar la pensión de viudedad vitalicia en determinados supuestos, caso de aquellas «convivencias familiares» que han sido breves y de las que no existen descendientes. En estos casos, la actual pensión vitalicia se sustituirá por una indemnización en pago único, o una prestación temporal, como ya ocurre en otros países europeos. A su vez, el Gobierno aspira a elevar la edad de prejubilación de los 52 años actuales a los 58, con el fin de obstaculizarlas. Hace años que Gobierno y economistas vienen advirtiendo sobre la sangría que suponen las abultadas cifras de prejubilación existentes.

La propuesta de reforma, que persigue garantizar la viabilidad futura del sistema público de previsión social, fue un requerimiento que hizo el año pasado el Parlamento al Gobierno, una vez que éste había llevado a la Cámara un informe sobre los riesgos que amenazan la sostenibilidad a largo plazo del plan público de pensiones. Lo que ahora plantea el Ejecutivo debe ser considerado como una propuesta para negociar y no como un decisión definitiva. El plan deberá ser negociado y votado en comisión parlamentaria y, si supera este trance, aún deberá ser sometido al Pacto de Toledo, del que forman parte partidos políticos, Gobierno, patronal y sindicatos. El Ejecutivo dijo ayer que su voluntad es que todas las modificaciones que se hagan se decidan por consenso. Y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sostuvo que «no contempla» la hipótesis de un desencuentro que suponga el rechazo frontal a las reformas.

El elemento más novedoso de la reforma, y de efecto más generalizado sobre los cotizantes, será el retraso de la edad de jubilación, que comenzará a aplicarse en 2013 de forma gradual, a razón de dos meses por año, hasta que la edad legal de jubilación se generalice a los 67 años en 2025. Esta edad no será fija y obligatoria porque se mantendrá la posibilidad de que los cotizantes puedan optar por jubilarse, como ahora, a los 65 años, o a una edad intermedia entre los 65 y los 67, aunque en tales casos tendrán que asumir penalizaciones en los importes de la pensión a la que tuvieren derecho. Esto ya ocurre ahora con quienes se retiran antes de los 65.

El Gobierno también prevé la ampliación del período de cómputo para determinar la cuantía de la pensión (ahora son los últimos 15 años de la vida laboral), pero sin precisar el futuro modelo. El Ejecutivo quiere limitar las reducciones de plantilla en empresas rentables por prejubilación y que el coste de estas medidas se cofinancie con cargo a las compañías con beneficios.

Además, el Gobierno descarta la posibilidad de la pensión a la carta, es decir, cuando el afiliado -caso frecuente en los autónomos- eleva la base de cotización en los quince últimos años (los que se tienen en cuenta para calcular la prestación) para obtener así la mayor prestación aunque en buena parte de la vida laboral haya cotizado por un importe muy inferior. En este sentido, el texto subraya: «La capacidad de elección de base de cotización debe limitarse para evitar una planificación prestacional desvinculada del nivel de ingresos del cotizante». En esta misma línea, apuesta por crear una base reguladora (la que determina el importe de la pensión) «única para el cálculo de todas las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman». En la actualidad existen bases distintas en función del régimen (asalariados, autónomos, empleados del hogar), algo que desaparecería si prosperara este cambio.

La propuesta para reformar las pensiones llega después de que el Gobierno negase en varias ocasiones durante esta legislatura la necesidad de realizar cambios, al haber superávit en las arcas de la Seguridad Social.