Ahorro de 10.000 millones, pensiones más bajas

Oviedo, Javier CUARTAS
Ampliar el período de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión de cada jubilado ya se hizo en 2002. Entonces se determinó que se contabilizasen las cotizaciones de los últimos 15 años de vida laboral, que es el mínimo de años de afiliación a la Seguridad Social que se exige para tener derecho a una pensión contributiva.

Ahora se habla de ampliar ese período a 25 años. Banco de España y OCDE son partidarios de ir más allá y de que compute el conjunto de las cotizaciones realizadas por cada trabajador y su empresa al sistema público de pensiones a lo largo de toda la vida laboral.

Se da por hecho que la pensión resultante será menor cuanto más se amplíe el período de cómputo, aun cuando se introduzcan -como, de hecho, se hace- factores correctores de la inflación acumulada para actualizar esos importes. Esto es así porque, por lo común, los ingresos salariales del trabajador (y, por lo tanto, las cotizaciones al sistema) suelen ser mayores a medida que se acerca la edad de retiro. Retrotraer el período de cálculo hasta el inicio de la vida laboral penalizaría sobremanera a quienes ahora se incorporan al mercado laboral o lo han hecho en los últimos tiempos, para los que se han generalizado condiciones salariales particularmente parcas durante el arranque de su vida laboral.

Sin embargo, no todos los trabajadores resultarían perjudicados. Ampliar el período de años sobre los que se calcula la pensión relativizaría el impacto negativo que tiene para muchos trabajadores de cierta edad verse en el paro o en expedientes de regulación justo al final de su vida laboral, que es el período decisivo para consolidar el importe de su pensión, por más que hayan cotizando durante décadas.

Algunos economistas defienden esta medida, además, por criterios de equidad. Cuanto más se amplíe el período que se contabilice, menos posibilidades existirán de practicar lo que se ha definido como «pensiones a la carta». Algunos trabajadores, sobre todo autónomos, cotizan la cuota mínima durante el conjunto de la vida laboral, pero pagan la máxima sólo durante los últimos quince años para garantizarse la prestación más elevada posible.

Hay, además, un efecto perverso, ya denunciado por el profesor José Barea, entre otros, según el cual, quien cotice sólo los últimos 15 años tiene una rentabilidad relativa (tasa de retorno sobre el importe de sus cotizaciones) que casi duplica a quienes lo hayan hecho durante 35 años, por más que éstos últimos obtengan una pensión muy superior. El sistema prima, en efecto, la fidelidad y por cada año de cotización se aumenta el porcentaje de la base reguladora que sirve para calcular la pensión. De modo que para llegar a la pensión máxima se necesita haber cotizado 35 años a la Seguridad Social. (En Francia, como reclama la OCDE a España, se exigen 40). Pero esa prima no es proporcional al esfuerzo de cotización realizado.

Sin embargo, el gran beneficiario de esta medida sería el propio sistema público de pensiones, acosado por un aumento acelerado de los pensionistas (muy superior al de los nuevos cotizantes), una creciente ampliación de la esperanza de vida de los jubilados (ha pasado de 5 a 15 años en unas décadas) y una mejora de la capacidad adquisitiva de las prestaciones. Se estima que calcular las pensiones a partir de todo el período cotizado permitiría reducir la cuantía media de las jubilaciones entre un 15 y un 20%. El Gobierno dijo ayer en el documento enviado a Bruselas que si se retrasase en dos años la edad legal de jubilación y se ampliasen en 10 los años utilizados para calcular la pensión, el ahorro sería de casi el 4% del PIB: unos 10.400 millones de euros.