Cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones.
Y cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales.
El Gobierno estima que si a lo largo de la década de 2020 se elevasen en dos años ambas medidas, y si además se aumentase de 15 a 25 años el período de cotización, el recorte del gasto de la Seguridad Social equivaldría a casi el 4% del PIB a partir de 2030.
Tomando como referencia el PIB español actual, ese 4% equivaldría a unos 10.400 millones.
Los expertos calculan entre un 15 y un 20% la reducción de las pensiones si se contabilizase toda la vida laboral.