El Gobierno retira una propuesta para elevar de 15 a 25 años el período de cálculo de la pensión

Madrid / Oviedo
El Ministerio de Economía corrigió ayer sobre la marcha, en unas pocas horas, un documento difundido que acababa de remitir a Bruselas actualizando el programa de estabilidad presupuestaria para el período 2009-2013. El motivo de tal corrección urgente fue que trascendió que en el documento se incluía no sólo la controvertida propuesta de posponer en dos años la edad legal de jubilación (de los 65 a los 67 años), con el consiguiente aumento de la vida laboral, sino también la posibilidad de que se amplíe en diez años (de 15 a 25) el período de cómputo que sirve para definir la cuantía de la pensión de cada cotizante.

La inmediata polémica que suscitó esta posible reforma adicional, de la que no eran conocedores ni la oposición ni los agentes sociales, precipitó una rectificación inmediata del Ejecutivo de Zapatero. Fuentes del Gobierno aseguraron que es «absolutamente falso» que haya una propuesta cerrada en ese sentido. El texto remitido a la Comisión Europea fue corregido al punto.

En la actualidad, el importe de la pensión de cada trabajador se calcula con las cotizaciones realizadas en los 15 últimos años. Con la ampliación contabilizarían los últimos 25 años de actividad laboral, y ello podría entrañar en la generalidad de los casos una reducción de la cuantía de las pensiones.

A resultas del revuelo suscitado, el Ministerio de Economía se apresuró a desmentir que se tratase de una propuesta en firme y aseguró que no era más que un mero «ejemplo de simulación» incluido en el documento sobre el impacto de un eventual alargamiento del período de cotización y de la ampliación del período de cálculo de las pensiones.

El texto suprimido estaba redactado en los siguientes términos: «De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas (ampliación de la vida laboral y del período de cómputo) en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supone recortar a la mitad el incremento previsto en ausencia de reformas».

El texto sustitutorio quedó redactado de la siguiente forma:

«De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea».

Aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que el único documento «válido» es el que se remitió al Pacto de Toledo, «en el que no hay ninguna referencia al cálculo de las pensiones», la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, censuró que el Gobierno «vuelva a las andadas» al «filtrar» su planteamiento de elevar de 15 a 25 años la base de cotización que se considera para calcular las pensiones y le exigió que todo lo que tenga que ver con las pensiones se debata en la Comisión del Pacto de Toledo, de la que forman parte los partidos y agentes sociales. La reforma de las pensiones, dijo, es una cuestión «muy seria» y «de la que dependen el presente y el futuro de muchos trabajadores y de muchos pensionistas».

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, avisó al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de la necesidad de resolver la «crisis de hoy» y no la de «dentro de 25 años», en relación a la propuesta del Ejecutivo de reforma de las pensiones. Pons subrayó que las pensiones no se mantienen con los impuestos, sino con las cotizaciones de los trabajadores, y sostuvo que para salir de la crisis es necesario bajar «dos puntos» las cotizaciones para que haya «más contratos».

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Joan Ridao, denunció que el Gobierno sigue alentando un «catastrofismo» en materia de pensiones que «genera inquietudes e irritación a la gente».

Comisiones Obreras expresó su «profundo malestar» por el comportamiento del Gobierno en relación con el futuro del sistema público de pensiones al considerar que está «ofreciendo por entregas un recital de ocurrencias y medidas improvisadas que no se corresponden con la seriedad y coherencia exigibles a cualquier gobernante». El secretario general de este sindicato, Ignacio Fernández Toxo, pidió al Ejecutivo que deje de «meter a la población en una especie de sobresalto continuo».

El presidente de la Junta de Andalucía, y ex ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, bajo cuyo mandato se creó el Pacto de Toledo, reclamó dejar de «atacarse con las pensiones y sentarse a decidir entre todos lo que sea mejor» para garantizar la perdurabilidad del sistema público de pensiones para las futuras generaciones. Negó que el Gobierno quisiera dictar una ley que obligue a jubilarse a los 67 años. «Lo que ha hecho el Ejecutivo son propuestas a los agentes sociales y a los partidos para discutirlas», detalló.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, defendió que ahora es «momento de reformar las pensiones porque la Seguridad Social goza de una salud excelente», porque tiene superávit y porque el fondo de reserva se ha incrementado de 12.000 a 60.000 millones de euros.

José Blanco indicó que las reformas en estudio deben asegurar que aquellos que en la actualidad tienen menos de 40 años puedan tener garantizada una pensión, y el momento de abordarlo, dijo, «es ahora, cuando la Seguridad Social aún está con superávit y tenemos tiempo por delante». Blanco sostuvo que las personas que están cobrando actualmente las pensiones o están próximos a jubilarse «no tienen motivos para estar preocupadas».