Oviedo, José Luis SALINAS
El amago del Gobierno central de ampliar a 25 años el período de cálculo de las pensiones ha levantado un aluvión de críticas. La medida, según coinciden economistas y sindicalistas, traería consigo una rebaja media en la paga de los pensionistas de aproximadamente un diez por ciento. El Ejecutivo envió esta propuesta a la Comisión Europea dentro de un documento sobre la estabilidad económica del país, que unas horas más tarde retiró. Los sindicatos aseguran que se trata de una medida «restrictiva» en la que los únicos perjudicados son los trabajadores.
¿Por qué se producirá esta bajada? A medida que se avanza en la vida laboral en la mayoría de los casos mejora la posición en la empresa y consecuentemente ascienden los salarios, que suelen ser mayores cuanto más se acerca la edad del retiro. Así, hacer el cálculo sobre los últimos 25 años de trabajo, en vez de con los 15 actuales, la paga será más baja.
El economista asturiano Ángel de la Fuente, firme defensor de la reforma del sistema de pensiones, reconoce que la medida perjudicará a los pensionistas: «Lo lógico es que con este nuevo cálculo el día que te jubiles te salga a cobrar una cifra más pequeña». Aunque resalta que «la reforma es necesaria atendiendo a la evolución demográfica. Es algo que habrá que hacer tarde o temprano por el bien del sistema».
El retraso penalizará especialmente a aquellos que se incorporen ahora al mercado laboral, para los que se han generalizado unas peores condiciones laborales, según sostienen los sindicatos.
En cambio, para los trabajadores que vayan al paro o se vean afectados por un expediente de regulación de empleo justo al final de su vida laboral, el retraso del cálculo podría ayudar a amortiguar el golpe. El Gobierno había reconocido en varias ocasiones que estaba buscando medidas para evitar los agravios que sufren los trabajadores despedidos en el último tramo de su vida laboral ante la «excesiva concentración de los procedimientos de cálculo de la pensión sobre estos últimos años». Algunos organismos, entre ellos el Banco de España y la OCDE, se han mostrado incluso partidarios de que se contabilice toda la vida laboral de los trabajadores para hacer el cálculo de las pensiones. Tras la polémica, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que «el Ejecutivo no ha contemplado subir los años de cotización».
