Londres / Madrid, Agencias

El Gobierno español está dispuesto a hacer «los ajustes que sean necesarios» para que los inversores extranjeros crean en España y en su capacidad de recuperación económica. En la City londinense, principal mercado financiero de Europa, el secretario de Estado de Economía, el ovetense Manuel Campa, incidió en esta apuesta del Ejecutivo español y aseguró que «podemos bajar el déficit público del 11 al 3 por ciento. Pueden creerme o no, pero España ya lo ha hecho antes». Se refería al ajuste de las finanzas públicas entre 1996 y 2007, cuando fueron ministros de Economía Rodrigo Rato (PP) y Pedro Solbes (PSOE). Campa rechazó la comparación entre la situación económica española y la financiera de Grecia y aseguró que «la City siempre ha estado tranquila sobre la economía española».

Mientras tanto, altos ejecutivos de importantes empresas españolas con presencia en el Reino Unido -Santander, La Caixa, Iberia, FCC, Ferrovial y Avertis, entre otras- defendían la solvencia de España en un acto organizado por la Cámara de Comercio británica, aunque subrayaron la necesidad de una reforma laboral urgente. La patronal CEOE, por su parte, advertía de que la confianza de los mercados «no se gana predicando, sino haciendo cosas».

La intervención de Campa en la City londinense forma parte de una campaña emprendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para limpiar el buen nombre de la economía española. Por eso, mientras Campa hablaba ante un escéptico auditorio de un centenar de analistas e inversores, la ministra de Economía, Elena Salgado, explicaba la situación de la economía española y las previsiones del Gobierno a la cúpula y a periodistas del «Financial Times», el diario que desde hace meses se ha mostrado especialmente crítico con el Ejecutivo español.

El ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, aportaba también su granito de arena desde Madrid. Aseguró, en una entrevista en la cadena Ser que la campaña contra España responde a una estrategia más global contra el euro, y que existen «maniobras turbias y resistencias claras» por parte de especuladores internacionales que ahora que «ven que salimos de la crisis, no quieren que se regulen mejor los mercados para poder seguir haciendo de la suyas». En opinión de Blanco, «nada de lo que está ocurriendo, incluyendo los editoriales de algunos medios extranjeros con sus comentarios apocalípticos, es fruto de la casualidad o inocente, responde a unos intereses particulares». El «Financial Times» se dio por aludido y no tardó en recoger sus palabras para calificarlas de «un poco paranoicas» y el análisis de Blanco como «simple».

Campa, en una presentación organizada por Barclays, Citi y Santander, presentó la cara positiva de la economía española, pero reconoció que España afronta desafíos de gran calado como la reducción de la tasa de desempleo (cerca del 20 por ciento) y del déficit, que se quiere reducir del 11,4 al 3 por ciento en tres años.

Las reformas para impulsar el crecimiento se construirán, explicó, sobre la base de la economía sostenible, la reestructuración bancaria, y la reforma de las pensiones y del mercado laboral, apoyándose en «un sistema financiero sólido, un bajo nivel de deuda y la capacidad institucional para abordar las reformas». Campa aseguró que la economía española «crecerá ligeramente en 2010» y pronosticó que la contribución de la demanda externa al PIB se reducirá gradualmente a medida que la demanda nacional se recupere, de manera que la tasa de crecimiento podría pasar de las tasas negativas de 2009 a un crecimiento del 1,6 por ciento en 2011.

La estrategia de consolidación fiscal se cimentará en una reducción sustancial del gasto, con participación de todas las administraciones públicas del Estado y recortes «considerables» en inversión, transferencias y subsidios, correspondiendo a los gobiernos autonómicos un recorte equivalente al 0,5 por ciento del producto interior bruto (PIB). «¿Tenemos capacidad para aplicar todo esto? El tiempo dirá», señaló el secretario de Estado, quien pidió a los mercados tener en cuenta que España ya ha tomado medidas similares en el pasado.

Sobre la reforma de las pensiones, Campa reiteró que se abordará un progresivo incremento en la edad de jubilación, hasta los 67 años, y argumentó que la medida responde al incremento de la presión demográfica en España.

Y sobre la reforma laboral, explicó que se hará teniendo en cuenta la estabilidad en el empleo, reduciendo la segmentación del mercado, los incentivos para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y para la educación, la promoción de la integración de las mujeres y el control de las bajas temporales. Tras su presentación ante banqueros e inversores, Campa declaró que la jornada puso en evidencia que en la City londinense no hay nervios sobre la salud económica de España. «La City siempre ha estado tranquila sobre la economía española. Estas conversaciones, sobre todo en el terreno de la inversión, sirven para tener mejor información y generan una percepción de mejor conocimiento de la situación», dijo.

Campa rechazó la comparación de la situación española con los problemas financieros de Grecia, asegurando que los movimientos especulativos que ha habido en torno a las cuentas públicas españolas «son movimientos del corto plazo». «Sabemos que los mercados tienen una característica de reaccionar muy rápido a estas noticias y, después, a medio plazo, asentarse», argumentó el «número dos» del ministerio de Economía de España.

Sobre el déficit, manifestó que no se puede dar aún una cifra definitiva, porque falta conocer a mediados de marzo el total de las cuentas de la actividad de los autónomos y consideró que no es previsible que supere el 11,4 por ciento del PIB previsto en 2009.

Por su parte, Jesús Banegas, vicepresidente de la patronal CEOE, afirmó que España «está obligada a ganarse la confianza de los mercados internacionales» y consideró que todos los esfuerzos que vayan en esa dirección «estarán bien hechos». Pero precisó que no hay que ganársela «predicando», sino tomando medidas, e insistió en la necesidad de un programa de recorte de gasto público corriente «muy importante», una reforma laboral que flexibilice las relaciones laborales y que permita crear empleo, y otras reformas estructurales.