El Principado descarta más recortes del gasto pese al llamamiento del Gobierno a las regiones

Oviedo, L. GANCEDO
El Gobierno central ha emplazado a las comunidades autónomas a revisar sus cuentas e implicarse en las políticas de austeridad que el Ministerio de Economía ha diseñado para reconducir el déficit público y volver a la disciplina presupuestaria de la Eurozona en el horizonte de 2013. La Administración asturiana ya ha fijado posición: apoya los objetivos del Ejecutivo, pero considera que ha hecho sus deberes y que deben ser otras regiones, «las menos disciplinadas» con el gasto, el déficit y la deuda, las que aborden medidas suplementarias de saneamiento.

Recortar el gasto público del conjunto de las administraciones en unos 50.000 millones durante los próximos cuatro años es una de las políticas medulares de la estrategia económica del Ministerio que pilota Elena Salgado. El plan para conseguir ese ahorro entre 2010 y 2013 alcanza a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Conforme al programa aprobado por el Consejo de Ministros a finales de enero, la Administración General del Estado deberá prescindir de 40.000 millones de gasto, mientras que otros 10.000 millones serán a cuenta de autonomías y ayuntamientos.

Los gobiernos regionales ya están preparando las posiciones que llevarán al Consejo de Política Fiscal, al que compete aprobar lo que el Ministerio de Economía ha bautizado como «Acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas». La Consejería de Economía del Principado trabaja en la elaboración del informe que próximamente expondrá en Madrid y, según las fuentes consultadas, el departamento de Jaime Rabanal considera que la Administración asturiana ha aplicado ya las medidas de austeridad que requiere la situación. El Presupuesto regional para este año crece un 0,77% y han incluido ajustes que el Principado considera relevantes en el gasto corriente (incluido el de personal), en el dinero para subvenciones y en las inversiones de algunos departamentos. La posibilidad de un recorte más ambicioso chocó con las reticencias de IU, socio de gobierno de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

La ministra Elena Salgado reveló semanas atrás que quiere intensificar el control sobre las cuentas de las autonomías para embridar el déficit. Según un acuerdo reciente del Consejo de Ministros, cada comunidad deberá elaborar un «plan de reestructuración del gasto público» una vez que se pacten los criterios globales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El principio general debe ser análogo al previsto para la Administración General del Estado: preservar el sostenimiento de los servicios sociales básicos (sanidad, educación y dependencia) y otros gastos vinculados al cambio de modelo de crecimiento económico, como la inversión pública en innovación.

Pero antes de que se llegue a ese punto, el Gobierno buscará un acuerdo con las regiones en el Consejo de Política Fiscal. Allí, la posición del Gobierno asturiano incidirá, según las fuentes consultadas, en que el esfuerzo de ajuste se centre en las regiones que hasta ahora han sido menos austeras. Esto es, el Principado quiere que se impongan más sacrificios a quienes menos rigor muestran con sus niveles de déficit o de endeudamiento.

En 2008, último año del que existen datos oficiales, sólo siete comunidades autónomas cumplieron la obligación de no superar un déficit del 0,75% del PIB regional. Una de las cumplidoras fue Asturias. Según las cuentas más recientes del Principado, el déficit asturiano también estuvo en 2009 por debajo del techo pactado (1%) y los Presupuestos de 2010 están diseñados para respetar asimismo el límite comprometido (2,75%).

En 2008, las autonomías con déficit más desfasados fueron las de Navarra, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y los mayores niveles de endeudamiento público (ver gráfico superior) los tienen la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, regiones donde la deuda sobrepasa la barrera del 10% del PIB.

Durante 2009, la deuda asturiana aumentó 200 millones, aunque permaneció entre las más bajas del país (4,1% del PIB). Para este año, el Principado prevé que el endeudamiento llegue hasta los 1.524 millones (6,6% del PIB estimado) para sostener la inversión.