Oviedo / Madrid, Agencias
El presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, ve necesario que se dote a las cajas de ahorros de mecanismos con los que reforzar su capital, ante la cercanía de nuevas regulaciones que a escala internacional impondrán al sector mayores ratios de fortaleza y solvencia. Menéndez cree demostrado que las cuotas participativas «no son un instrumento útil» para la recapitalización de las entidades y abogó por cambiar su configuración actual o crear otras herramientas.
El primer ejecutivo de Cajastur expresó esa opinión, compartida por otros directivos financieros y por el presidente de la patronal de las cajas (CECA), Juan Ramón Quintás, durante un debate celebrado el pasado martes en Madrid. Su posición sobre las cuotas participativas está conectada con los cambios que se avecinan en la normativa del sector a escala global. El Foro de Estabilidad Financiera, con sede en Suiza, madura los acuerdos denominados «Basilea 3», pensados para aminorar los riesgos y prevenir nuevas crisis financieras. Las medidas que están en elaboración obligarán a reforzar los recursos propios de alta calidad (el llamado «core capital») de bancos y cajas de ahorros.
Esa senda regulatoria ha provocado inquietud en todo el sector porque puede erosionar la rentabilidad de las entidades, obligarlas a restar más dinero de sus beneficios para engrosar la casilla de las reservas. Los bancos tiene dos vías para reforzar su capital: por un lado, el beneficio que no se reparte en dividendos a los accionistas y se destina a reservas; por otro, ampliaciones de capital con la oferta de nuevas acciones. Las cajas tienen también dos vías: fortalecer sus reservas con las ganancias que no van a la obra social y emitir cuotas participativas, una variante de la ampliación de capital adaptada a las entidades de ahorro. Pero esta última posibilidad, expuso Manuel Menéndez en el acto de Madrid, no está funcionando. «Tal como están reguladas, no son un instrumento útil», dijo.
Las cuotas participativas son una especie de acciones. Las cajas las pueden emitir y sus compradores perciben dividendos, pero carecen de derechos políticos. Esto es, no tienen voz ni voto en las decisiones. Creadas por ley ya en 1988, las cuotas participativas fueron reformadas en 2002 para flexibilizar los requisitos y permitir que cotizaran en Bolsa. Sin embargo, sólo una entidad, Caja Mediterráneo (CAM), ha llegado a realizar emisiones. Las muchas limitaciones de este instrumento lo hacen poco atractivo para el inversor e ineficaz para las cajas, indicaron fuentes del sector.
En un contexto de crisis en el que los resultados de las cajas españolas se resienten, la posibilidad de reforzar el capital a través de reservas de las ganancias se complica. «La regulación disponible no es la adecuada para la recapitalización de las cajas en los mercados financieros; las cajas somos una parte muy importante del sistema financiero español, la mitad, y contribuimos a un elevado grado de competencia», comentó Menéndez.
