Madrid, Agencias

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, corrigió ayer al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y aseguró que el acuerdo salarial pactado con los sindicatos de la función pública se va a respetar «absolutamente y al cien por cien», por lo que no habrá congelación de sueldos de los empleados públicos. Ocaña había dado a entender el miércoles que, para ajustar más el gasto de personal de la Administración, el Ejecutivo pensaba revisar los pactos alcanzados en septiembre de 2009 por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la representación sindical de los funcionarios.

La rectificación es la segunda que se produce este mes en asuntos relacionados con las políticas económicas del Gobierno. A principios de febrero, el Ministerio de Elena Salgado dio marcha atrás a una propuesta para modificar el cálculo de las pensiones que, según el Gobierno, se incluyó por error en un documento enviado a la Unión Europea (UE). La ministra Salgado respondió ayer que su departamento está «trabajando» en corregir lo que el Ejecutivo considera «problemas de comunicación».

El último de esos fallos se produjo anteayer, al presentar Carlos Ocaña las cuentas sobre el déficit del Estado y la recaudación fiscal de 2009. Ocaña, que junto al asturiano José Manuel Campa (secretario de Estado de Economía) está en la segunda línea de mando del equipo económico del Gobierno, deslizó que el pacto salarial para los funcionarios públicos podría ser revisado, para hacerlo «coherente» con los objetivos de austeridad y reducción del déficit que están comprometidos en el llamado plan de estabilidad.

María Teresa Fernández de la Vega y los sindicatos de la función pública negociaron en septiembre del pasado año un acuerdo que, aunque fija subidas salariales modestas, descarta una estricta congelación de los sueldos. Así, se pactó como criterio general el mantenimiento del poder adquisitivo. El citado acuerdo supone para 2010 una subida del 0,3%. Y se añade el compromiso de que en 2012 se aplicará una cláusula de revisión para compensar a los trabajadores públicos por la desviación que pueda producirse en 2010 y 2011 entre los incrementos incluidos en los Presupuestos del Estado y el comportamiento real de la inflación.

El acuerdo afecta a los 2,6 millones de empleados de todas las administraciones. La retribución de estos trabajadores aumentó el pasado año más del 3 por ciento. Y, según las cuentas de ciertos economistas (entre ellos David Taguas, ex asesor de Zapatero), el aumento de las retribuciones de los trabajadores públicos en plena crisis explica en una parte relevante que España haya pasado de un superávit cercano al 2,2% en 2007 a un déficit del 11,4% en 2009.

El programa que para reducir ese déficit al 3% en 2013 ha remitido España a Bruselas implica que en ese horizonte el gasto de personal de la Administración tiene que bajar el 4%. Ocaña dijo el miércoles que, para conseguir ese objetivo, estaba sobre la mesa revisar los acuerdos salariales de septiembre, además del recorte ya conocido en la oferta pública de empleo, que implica no cubrir más que una de cada diez vacantes por jubilación.

Según Salgado, la reducción del gasto de personal no afectará a las retribuciones comprometidas con los trabajadores y se centrará en recortar la oferta de empleo. Puso como ejemplo que, si no se cubriera ninguna plaza de los empleados públicos que se jubilen, el recorte de gasto alcanzaría el 7%. Por ello, destacó que cubriendo el 10% de las vacantes ya se conseguiría el objetivo del 4%, sin tocar los sueldos.

A pesar de estas precisiones, el Ministerio remitió a los medios un comunicado en el que insistía en que los funcionarios no verán congelados sus sueldos. Sobre esta aclaración y las que ha tenido que dar el Gobierno sobre las pensiones anteriormente, Salgado dijo que quiere que los «fallos de comunicación» se puedan reducir a la anécdota y subrayó que el Ejecutivo ya está trabajando en ello.

Antes de que Salgado aclarara el asunto en rueda de prensa, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, dijo que el Gobierno cumplirá lo pactado. No obstante, precisó que «es posible» modificarlo, pero «siempre desde la perspectiva del acuerdo» con los sindicatos.