Oviedo, L. GANCEDO

La factura de la luz de los hogares españoles se ha encarecido desde principios de 2009 en proporciones que rondan el 8%, con arreglo a las subidas decididas por el Gobierno en julio y diciembre de ese año. Para un consumidor medio, el recibo ha subido unos 50 euros anuales. Y ha sido así a pesar de que, al hilo de la crisis económica y del menor consumo, los costes del kilovatio en los mercados mayoristas de la electricidad se han reducido drásticamente, hasta un 40%. La apuesta por las energías renovables para frenar el cambio climático y el déficit que arrastra el sistema de la tarifa eléctrica por la existencia de un desfase histórico entre costes y precios explican que el recibo de la luz siga subiendo. Lo hace también a pesar de las expectativas que suscitó el proceso de liberalización que se completó durante 2009.

La compañías eléctricas han destacado últimamente cómo el comportamiento del mercado mayorista de la electricidad ha penalizado sus resultados económicos. En el mercado los productores venden a diario la energía a las compañías comercializadoras y se ajustan la oferta y la demanda. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), mediado 2009 los precios que se pagaban en el mercado mayorista eran un 30% más bajos que un año antes. Según otros datos de las empresas, para el conjunto del año la caída de precios llegó a superar el 42%. La situación fue tal que en distintos momentos empresas como la asturiana HC optaron por mantener sus centrales térmicas fuera de servicio porque el precio que se pagaba por el kilovatio no cubría sus costes de producción.

El kilovatio que compraron en el mercado las compañías comercializadoras para venderlo a sus clientes tuvo, por tanto, un coste muy inferior al de 2008; sin embargo, el recibo eléctrico de un consumidor tipo -para un hogar sin calefacción eléctrica y con un gasto anual de 4.000 kilovatios- ha pasado de unos 650 euros al año a principios de 2009 a unos 700 euros en la actualidad, según las herramientas de cálculo que brinda la Comisión Nacional de Energía en una «web» destinada a los consumidores.

¿Por qué el abaratamiento de los costes de la electricidad no se ha reflejado en lo que pagan los ciudadanos? Desde julio de 2009, cuando desaparecieron las tarifas hasta entonces vigentes (para acelerar la liberalización del mercado de la luz), la mayoría de los consumidores domésticos está acogida a la llamada «tarifa de último recurso» y su precio lo revisa cada seis meses el Ministerio de Industria.

Sobre el papel, el nuevo sistema fue diseñado para reflejar los costes reales de la energía y, por tanto, para que llegaran al consumidor final tanto las subidas como las bajadas del mercado. Para ello, la tarifa de último recurso tiene dos componentes: de una parte, se recoge el coste de producción de la energía (utilizando como guía unas subastas que se celebran cada seis meses); de otra parte, están las denominadas tarifas de acceso, que sufragan las retribuciones de las empresas de transporte y distribución de la luz, así como las primas para las energías renovables o los costes derivados del pago de la multimillonaria deuda contraída por el sistema con las eléctricas durante una década (déficit tarifario).

Según las explicaciones recabadas en el sector, en el último año ha pasado que, aunque los precios se desplomaron en el mercado eléctrico, el Gobierno optó por subir las tarifas de acceso, que suponen en torno al 50% del recibo de la luz, para ir pagando el déficit tarifario (soportado financieramente por las empresas) y, de manera singular, para sufragar los incentivos que reciben los productores de energía renovable (eólica, solar y otras). Estas tecnologías reciben un plus por cada kilovatio producido y funcionaron intensamente en 2009. Tanto que el volumen de incentivos se disparó hasta los 6.085 millones de euros, cuando la previsión era de 4.000 millones. Esa multimillonaria apuesta por las energías verdes está conectada con el propósito de España de rebajar las emisiones de CO2 y de reducir también la gran dependencia que el país tiene de fuentes energéticas del exterior (petróleo, carbón, gas...).

A pesar de la subida del recibo, la tarifa eléctrica española cerró en 2009 otro año con déficit: los ingresos fueron inferiores a los gastos en 4.633 millones de euros. Se agranda, así, un desfase que comenzó con el PP en el Gobierno al inicio de la década y que siguió creciendo con los ejecutivos del PSOE.