Oviedo, L. G.
Las medidas que acaba de aprobar el Gobierno portugués para frenar el deterioro de las cuentas públicas lusas y reconducir su alto déficit (8,3% en 2009) incluyen la venta de participaciones empresariales del Estado. Portugal aún no ha decidido qué empresas privatizará, pero una de las operaciones que se barajan es la venta de toda o parte de la posición que tiene en Energías de Portugal (EDP), grupo que es el accionista hegemónico de la asturiana Hidrocantábrico (HC Energía).
El plan de estabilidad y crecimiento del Ejecutivo del socialista José Sócrates prevé, junto a la congelación de los salarios públicos y una reforma fiscal que penalizará las rentas altas, que el Estado ingrese 6.000 millones de euros hasta 2013 mediante privatizaciones. El documento, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado sábado, no precisa qué participaciones piensa vender el Gobierno, pero la prensa lisboeta da por hecho que entre las principales candidatas están las posiciones que Portugal tiene en las energéticas EDP, Galp y REN, y en la aerolínea TAP y el negocio de seguros de la pública Caixa Geral de Depositos.
Al contrario que España, Portugal mantiene presencia pública relevante en grandes empresas energéticas. En EDP el Estado controla de manera directa el 20,5% y un 5,24% más por medio de Caixa General de Depósitos. Esas participaciones, unidas a las alianzas con socios estratégicos como Cajastur (5,01%), permitieron a Portugal conformar durante los últimos años un núcleo accionarial con capacidad para hacer frente a posibles intentos hostiles de compra.
La participación de Cajastur data de 2004, cuando EDP tomó el control del 95,7% de Hidrocantábrico. La caja asturiana está representada en el consejo supervisor de la eléctrica portuguesa, equivalente al consejo de administración en España. No está en ese órgano Iberdrola. La eléctrica de raíz vasca posee el 6,8% de EDP, tras haber vendido recientemente otro 2,7%; pero Portugal no abrió las puertas del consejo al grupo que pilota Ignacio Sánchez Galán, competidor de EDP dentro y fuera de Portugal.
Una eventual privatización alteraría el vigente esquema de poder en EDP. Cabe la hipótesis de que, de producirse la venta total o parcial de la participación pública, se brinde a los demás accionistas, entre ellos Cajastur, la posibilidad de suscribir una parte del capital en venta e incrementar sus posiciones.
Siguiendo las indicaciones de la UE, Lisboa emprendió en 1998 un proceso de privatización de EDP que continuó hasta 2007, si bien en las fases más recientes se hizo mediante mecanismos que en la práctica no socavan el control público de la eléctrica. Antes de que la crisis arreciara, el Gobierno de Sócrates se había mostrado partidario de no ir a más privatizaciones en EDP.