Oviedo, L. GANCEDO

El Gobierno portugués, acuciado por la crisis y el déficit público, pondrá en venta una parte del capital que posee en Energías de Portugal (EDP), grupo al que pertenece HC Energía (Hidrocantábrico) y del que Cajastur es accionista cualificado desde 2004. Lisboa se ha decidido a incluir las posiciones empresariales más valiosas del Estado luso en un plan de privatizaciones que se desarrollará hasta 2013 y que puede alterar la ordenación accionarial de una compañía energética que hasta ahora ha operado bajo control público, gracias a una relevante participación estatal y a otros mecanismos de blindaje que en estos años han protegido al dueño de HC de posibles ofertas hostiles de compra.

Portugal tuvo en 2009 un déficit cercano al 10% del PIB y su endeudamiento público camina hacia el equivalente al 90% de la riqueza nacional. Con esos números y escasas expectativas de una recuperación económica consistente a corto plazo, el país ha sufrido como España en los mercados financieros, donde ha aparecido alineada con Grecia. Estos últimos días, el Gobierno del socialista José Sócrates presentó al Parlamento (la Asamblea de la República) el contenido de su plan de estabilidad y crecimiento, la estrategia con la que, al igual que España, Portugal pretende volver en 2013 a la disciplina presupuestaria que marca la Comisión Europea.

El país vecino se ha comprometido a recortar gasto público con medidas como una menor inversión pública y congelación del salario de los funcionarios. Por el lado de los ingresos, Portugal prevé recaudar más aumentando la presión fiscal sobre las rentas altas y también haciendo caja con la venta de participaciones estatales que conserva en sectores estratégicos como la energía, los transportes, las finanzas, las comunicaciones o la construcción naval. Puede decirse que, apretado por la necesidad, Portugal ha sacado a la venta «las joyas de la corona», expresión que en su día se acuñó en España en referencia a la privatización, completada por los gobiernos del PP, de las posiciones públicas en grandes compañías como Endesa, Repsol, Tabacalera, Argentaria y Telefónica.

Las «joyas» que se pondrán en venta desde Lisboa incluyen paquetes accionariales en 17 empresas, tres de ellas energéticas: EDP, la petrolera Galp y REN, compañía dedicada al transporte eléctrico, homóloga de la española REE. El Estado portugués tiene de manera directa el 20,49% de EDP y controla indirectamente otro 5,24% que pertenece formalmente a la pública Caixa General de Depósitos. Según el plan de estabilidad que se discute en Lisboa, esa participación en la eléctrica lusa figura dentro de un grupo de posiciones empresariales que serán privatizadas de manera «parcial». Esto es, presumiblemente Portugal no se desprenderá de todas las acciones que conserva en EDP; venderá una parte cuyo alcance no se ha detallado por el momento, al igual que hará en otros gigantes empresariales lusos, como TAP, aerolínea de bandera del país.

El Gobierno tampoco ha precisado por ahora en qué momento abordará la privatización de EDP. Será en todo caso antes de 2014. Conforme a las primeras estimaciones del Ministerio de Economía luso, la venta de participaciones empresariales reportará al Estado entre 2010 y 2013 unos 6.000 millones de euros. Las operaciones empezarán a concretarse este mismo año, ejercicio en el que Portugal prevé ingresar 1.200 millones de euros por medio de privatizaciones. La posición pública en EDP es una de las más valiosas de la cartera estatal: al precio que marcó la cotización bursátil de ayer, el 25,7% del accionariado que está en manos públicas supone casi 2.700 millones de euros.

El alcance de la privatización y las condiciones en las que se haga puede modificar el «status quo» en una de las compañías energéticas europeas que, como otras en varios países, permanecen bajo la tutela de los administradores públicos debido a su carácter estratégico. En sentido contrario a la política que siguió España, el de Lisboa es uno de los gobiernos de la UE que ha puesto más interés en conservar el dominio de su principal compañía eléctrica, que en algunos aspectos del negocio opera prácticamente sin competencia, casi como un monopolio.

A pesar del proceso de privatización iniciado a finales de los años 90 y a los reparos de Bruselas, el Estado ha conservado el control de EDP por varias vías: manteniendo una posición pública relevante y formando un núcleo de control con otros accionistas, entre ellos Cajastur; limitando los derechos políticos de los accionistas no públicos a un máximo del 5% y dejando en manos del Gobierno una «acción de oro», mecanismo denunciado por la UE pero que sobre el papel da a Lisboa derecho a vetar fusiones u otras operaciones corporativas que considere contrarias al interés general.

Cajastur ha sido y es uno de los aliados del Estado luso dentro de EDP. La caja asturiana es un socio cualificado desde que, en 2004, se concretó la integración de Hidrocantábrico en la energética portuguesa. Los acuerdos de entonces con la alemana EmBW y con Cajastur dieron a EDP el control del 95,7% de una compañía con la que ha conseguido una posición relevante en el mercado español.

Los pactos firmados en 2004 entre EDP y Cajastur siguen vigentes. Presumiblemente, hasta 2012 las partes no habrán de sentarse para revisar un acuerdo que incluyó compromisos para que la nueva HC Energía mantuviera los vínculos con Asturias. Se pactó que la sede permanezca en Oviedo, que el presidente de Hidrocantábrico -entonces y hoy Manuel Menéndez- sea una persona vinculada a la región y que Asturias sea destino preferente de las inversiones que el grupo aborde dentro de España.

Nacida como resultado de la nacionalización de variopintas compañías privadas de producción, transporte y distribución de electricidad, EDP fue pública al 100% hasta que en 1997 se inició una privatización por fases. Una de ellas, en 1998, supuso una venta directa de acciones a Iberdrola. La eléctrica de raíz vasca se convirtió entonces en aliada estratégica de EDP, si bien ese emparejamiento duró poco, hasta que los portugueses se sintieron traicionados por el intento, finalmente fallido, de una fusión entre Iberdrola y Endesa. Iberdrola conserva el 6,8% de EDP, pero Portugal la ha mantenido apartada del núcleo de decisión.