El Principado estudia dar entrada al capital privado en la gestión pública de museos y deportes

Oviedo, M. MARTÍNEZ
El Gobierno regional estudia la entrada de capital privado en algunas de las actividades deportivas y culturales que ahora se gestionan a través de sociedades públicas. La fórmula sería constituir empresas mixtas de gestión pública y la medida apunta directamente hacia la estación de esquí de Fuentes de Invierno, que gestiona Recrea, sociedad pública adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo que también gestiona Laboral Ciudad de Cultura, el Museo Jurásico de Asturias y el Parque de la Prehistoria de Teverga.

El ajuste será más difícil en el caso de los altos cargos porque, según el presidente regional, Vicente Álvarez Areces, ya se hizo cuando se llegó al pacto de gobierno con IU. La política de contención del gasto por la crisis ha supuesto ya, según la Consejería de Economía y Hacienda, un ahorro de casi 171 millones de euros en sólo 15 meses.

El Ejecutivo regional ve «complicado» meter tijera en las empresas y entidades públicas (63) porque las considera «muy ajustadas». Pero aun así el Ejecutivo regional se presta a hacer recortes. No se tocarán aquellas que se consideran que prestan servicios «esenciales» al ciudadano, como todas las relacionadas con los servicios asistenciales. En éstas se buscarán fórmulas de «reajuste y racionalización» en los gastos. En otros casos habrá «una gestión distinta de recursos».

El objetivo se focalizará en todas aquellas entidades cuyos servicios no se consideran «esenciales». De ahí que las miradas se volvieran en un primer momento hacia los instrumentos de promoción económica que funcionan bajo el paraguas del IDEPA. El Gobierno se niega a concretar los nombres, porque «todo se está estudiando», pero también indicó que «no hay puertas cerradas». En todo caso, parece complicado, porque la mayoría de las sociedades que están adscritas a la Consejería de Industria y Empleo que encabeza Graciano Torre están constituidas por ley o se participa en ellas junto a patronal y sindicatos o con empresas privadas.

Torre señaló ayer, antes de la reunión para analizar el desarrollo del pacto de concertación, que «hay que asumir sacrificios y recortes para reducir el déficit». Posteriormente matizó que el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, se había comprometido a cumplir con las reglas generales pactadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a presentar propuestas antes del 10 de junio. «Pero que yo sepa, aún no hay ninguna medida concreta de reorganización».

Una de las sociedades puestas en entredicho por la oposición del PP es, por ejemplo, la Sociedad Regional de Promoción (SRP), cuya función se defiende desde el Gobierno regional. «Es puramente mercantil, no tiene actividad de promoción. Es simplemente un instrumento del Principado para participar en el capital de empresas», explicaron desde la Consejería de Economía.

La otra fórmula que estudia el Ejecutivo regional es la creación de sociedades mixtas con gestión privada. Por ejemplo, para gestionar la estación de esquí Fuentes de Invierno, que ahora depende de Recrea, una sociedad pública constituida en 2006 y adscrita a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El ejemplo que analiza el Principado es Aramón, una sociedad anónima participada a partes iguales por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí de aquella comunidad autónoma.

El consejero de Economía insistió ayer en que el Gobierno regional va a «mantener la congelación de la oferta pública de empleo, a mejorar la gestión y ajustar las tasas y los precios de los servicios públicos» para contener el déficit en el 2,5% este año, reducirlo hasta el 1,7% el próximo y hasta el 1,3% en 2011», tal y como se acordó el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La congelación de la oferta pública de empleo de la Administración del Principado se aplicará «a rajatabla» en todos aquellos servicios que no sean esenciales, es decir, Educación, Sanidad, servicios sociales y dependencia. El Gobierno estudia extender la jubilación obligatoria a los 65 años también en Educación, lo que permitiría ahorrar costes sin alterar la calidad al haber menos alumnos por el descenso de la natalidad.