La jubilación obligatoria a los 65 años en Educación afectaría a unos 200 profesores

La extensión de la edad de jubilación obligatoria a los 65 años que plantea el Principado para Educación afectaría a un máximo de 200 docentes en Asturias. Éstos son, según cálculo sindical, los profesores que permanecen en activo tras acogerse a la posibilidad de retrasar el retiro cinco años, hasta los 70.

Impedir que haya profesores que sigan impartiendo clase por encima de los 65 años es una de las medidas que estudia aplicar el Gobierno regional dentro de sus políticas de ajuste económico. Según fuentes de la Administración autonómica, la propuesta podría llevarse a la práctica sin alterar la calidad del sistema educativo, toda vez que el descenso de la natalidad ha provocado que haya menos alumnos en las aulas. Además, de acuerdo a esta argumentación, permitiría ahorrar el sueldo de unos docentes que, en muchos casos, sólo imparten unas pocas horas de clase al día y que se jubilan con el 101,2 por ciento.

Esta propuesta sobre jubilación, que se completaría con una congelación de la oferta pública de empleo aplicada a rajatabla en Educación, ha sido acogida con división de opiniones en las organizaciones sindicales. Daniel Rodríguez, de UGT, apuesta por la «flexibilidad». Y es que, según expone, «hay casos de docentes que se ven obligados a prolongar la actividad profesional porque no han cubierto los años mínimos de cotización para acceder al retiro». Además, el sindicalista critica que el Principado «esté planteando recortar la vida laboral de los trabajadores, cuando, a nivel nacional, el debate parece ser justo el contrario». En resumen que, para el responsable de educación de UGT, «si el profesor se encuentra en buenas condiciones, no somos partidarios de fijar una edad tope para jubilarse». Eso sí, el sindicato defiende tanto que quien quiera llegue a los 70 años en activo como el mantenimiento de la jubilación voluntaria cuando se hayan cumplido treinta años trabajando.

Beatriz Quirós, de SUATEA, coincide en la necesidad de respetar la jubilación anticipada a los 60 años, pero, en cambio, se muestra radicalmente en contra de que se prorrogue la actividad profesional hasta los 70. A su juicio, «eso es una aberración». De todas formas, y aunque bastante conforme, en líneas generales, con el planteamiento del Principado, la sindicalista considera que «este tipo de cuestiones en torno a la edad de jubilación deberían debatirse en el seno de la mesa sectorial de educación y, en ningún caso, a través de otros medios».