Oviedo
Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), aseguró ayer que el recorte de gastos que ha pedido el Gobierno central a las autonomías era algo que cabía esperar. «¿Qué pensábamos, que con un déficit del 11,2 por ciento, y una caída generalizada de los ingresos no nos iba a afectar?», planteó.
Los sindicatos también se posicionaron ante los recortes. Antonio Pino, secretario general de CC OO de Asturias, exigió que el plan de austeridad no se traduzca en un recorte de la inversión pública, que considera necesaria para reactivar la economía y el empleo. En su opinión, se debería actuar sobre la fiscalidad «directa y progresiva» -que paguen más los que más tienen-, revocando decisiones «equivocadas», como la supresión del impuesto de patrimonio o el «cheque bebé».
Justo Rodríguez Braga, secretario regional de UGT, afirmó que el plan de austeridad deja poco margen de maniobra para negociar, pero, en todo caso, no debe afectar a los más perjudicados por la crisis, por lo que se deben reforzar las políticas de protección social y la inversión productiva que genere empleo.
