Oviedo, J. A. A.
La Administración asturiana se ahorrará unos 240 millones con las jubilaciones que proyecta amortizar entre 2010 y 2012, según las proyecciones de retiros que manejan los sindicatos mayoritarios de la función pública, la educación y la sanidad. Las centrales sindicales calculan que el Principado puede jubilar a más de 3.000 trabajadores en los próximos tres años. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, evitó ayer entrar en esas cifras concretas, pero sí precisó que el Principado cumplirá con el acuerdo alcanzado en el ámbito estatal de reponer un 15 por ciento de las plazas que queden vacantes por jubilación.
Es decir, por cada cien funcionarios o empleados de la Administración que lleguen a la edad de jubilación, sólo se mantendrán 15 nuevos empleos. El resto se amortizará. El Principado ya ha empezado a utilizar esta práctica, muy criticada por los sindicatos, pero justificada por el propio presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces. «Lo que está claro es que no podemos seguir expandiendo el gasto público, sino que tenemos que ir contrayéndolo (...). Hay una serie de medidas internas que pueden tomar, incluso la reducción de las unidades administrativas a medida que se jubila la gente, no cubriendo todas las vacantes y amortizando puestos», declaró Areces.
El Principado, de cumplirse la proyección de jubilaciones avanzadas por los sindicatos, se ahorraría unos 40 millones de euros en el presente ejercicio, prácticamente el doble el próximo año y alrededor de 120 millones de euros en el año 2012. La Administración regional, según esas mismas estimaciones, amortizaría una media de 850 empleos al año en ese mismo período. Es decir, en tres años el Principado rebajaría su plantilla de funcionarios y personal laboral en 2.550 trabajadores.
El Gobierno regional evitó facilitar ayer cifras relacionadas con el recorte presupuestario que todavía puede acometer y del número de empleos que piensa amortizar en ese período. La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, se limitó a manifestar que el Principado «aún dispone de margen para realizar ajustes tanto en el capítulo uno (personal) como en el capítulo dos, que son los gastos corrientes ordinarios». Migoya aseguró que dichos recortes «no afectarán a la calidad de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales», y avanzó que será necesario acometer una reordenación del personal. La portavoz del Gobierno avanzó que el consejero de Hacienda ofrecerá «información detallada y con absoluta transparencia» en la comparecencia que ha solicitado ante la Comisión de Economía y que se celebrará, previsiblemente, en la primera quincena del próximo mes de abril.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, se han venido quejando en las últimas semanas del oscurantismo del Principado a la hora de facilitar datos sobre el personal que se jubilará en este ejercicio y en años venideros. Las centrales sindicales quieren conocer esas cifras para reclamar una oferta pública de empleo mayor, una pretensión que choca de manera clara con la estrategia anunciada por el Gobierno regional, reacio a crear nuevas plazas de empleo en la Administración que se consoliden.
