Atenas / Oviedo
Fuertes subidas de impuestos, recorte de salarios públicos y privados, bajada de las pensiones o que las empresas rentables aporten recursos al Estado. Éstas son, entre algunos otros, los principales ingredientes que usará el Gobierno griego para poner a dieta su economía y tratar de ahorrar 30.000 millones en los próximos tres años y así sanear las arcas públicas. El plan de ajuste afectará especialmente a los jubilados y empleados públicos del país. «Los griegos tendrán que hacer grandes sacrificios en los próximos años para sacar al país de la grave crisis en la que está inmerso», aseguró el presidente heleno, Yorgos Papandreu. Algunos expertos calculan que con este proyecto de ajuste los griegos van a ser un 30% más pobres.
Horas antes de que se produjera la aprobación de la ayuda de 110.000 millones por parte de los países de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Papandreu presentó el programa de ajuste ante sus ministros. El primer ministro lo dejó claro durante la reunión: «Los griegos deben de elegir entre la catástrofe o el sacrificio».
Entre las principales medidas del ajuste destaca una subida del IVA hasta el 23% (el gobierno ya había aprobado un alza de este impuesto del 19 al 21% el pasado mes de marzo), también se incrementará en un 10% la tasa que grava a los carburantes y el alcohol. Se recortarán en un 16% los salarios públicos mediante la eliminación de pagas extraordinarias y habrá una reducción en las pensiones mediante el mismo sistema. El Gobierno heleno ha dejado también algunas propuestas en el aire como la de un posible abaratamiento de los costes del despido y que las empresas que tengan beneficios aporten una contribución extra a las arcas públicas. Los sueldos del Gobierno no bajarán, aunque quedarán congelado durante los próximos tres años. Dentro del proyecto económico se incluye también que el Estado venda o reduzca su presencia en empresas semipúblicas o públicas y la liberalización de los sectores de la energía y el transporte. Asimismo, se recortará el número de municipios y entidades administrativas locales, que pasarán de las 1.300 actuales a 340 para ahorrar costes operativos.
El plan de ajuste ha sido visto con buenos ojos por parte de la comunidad internacional. El Ejecutivo alemán de Angela Merkel, que había mostrado bastantes reticencias a ayudar al país heleno, aseguró que espera que Grecia cumpla su compromiso «palabra a palabra». Mientras que el Banco Central Europeo (BCE) envió un claro mensaje: «Grecia debe estar preparada para afrontar medidas suplementarias si es necesario». El plan no ha tenido la misma repercusión entre la población griega. De hecho, nada más conocerse el ajuste los sindicatos griegos han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles.
Papandreu aseguró comprender la resistencia de los ciudadanos, pero advirtió que de que las medidas de ajuste se lleven a buen puerto dependerá «la supervivencia nacional». La tensión entre los trabajadores y el Ejecutivo quedó patente durante la celebración del Primero de Mayo en Atenas. Las movilizaciones se convirtieron en un duro enfrentamiento entre los antidisturbios y las manifestantes. Según algunas encuestas, el ajuste cuenta con la oposición del 80 por ciento de los ciudadanos.
Las medidas de Papandreu deberán recibir el visto bueno del parlamento el miércoles. Será un mero trámite porque el Partido Socialista Panhelénico (PASOK) cuenta con mayoría absoluta. Aun así, los partidos de la oposición han llamado a rebelarse contra el plan de ajuste.
