l Los pensionistas. La revalorización de las pensiones está garantizada por ley en España desde hace veinticinco años. La decisión de congelar la mayoría de las prestaciones en 2011 es, por lo tanto, un hecho sin precedentes cercanos. En ese año, la mayoría de los pensionistas no serán compensados por las subida del índice de precios al consumo (IPC). Salvo que la inflación resulte negativa, quienes cobran esas pensiones verán mermado su poder adquisitivo. En 2010, el Gobierno ya optó por una subida del 1%, menor que la de otros años, salvo para los pensionistas que cobran las prestaciones más modestas del sistema español de Seguridad Social.

El nuevo ajuste protege también a los jubilados con menos ingresos. Así, quedarán excluidos de la congelación de las pensiones quienes perciben las llamadas pensiones contributivas mínimas (unas 60.000 en Asturias) y los beneficiarios de las pensiones no contributivas (unos 10.000 asturianos). Según datos de la Agencia Tributaria, en Asturias hay unos 260.000 pensionistas. Por tanto, serán unos 190.000 (tres de cada cuatro) los que resulten afectados por la congelación de ingresos. El conjunto de la nómina de las pensiones inyecta cada año en Asturias más de 3.500 millones de euros, cantidad equivalente al 16% del producto interior bruto (PIB). En ninguna otra región se da una proporción tan elevada.

l El «cheque-bebé». El Gobierno ha tomado el camino de suprimir a partir de 2011 la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, el llamado «cheque-bebé». Esta ayuda, en vigor desde el otoño de 2007, beneficia cada año a una media de 400.000 hogares en España y a unos 7.000 en Asturias. Durante el primer año de vigencia, la aportación estatal repartió casi 15 millones de euros en la región, donde la Administración autonómica añadió, al igual que otras comunidades, el reparto de una ayuda regional de 500 euros.

El Principado optó durante el pasado año, primero, por limitar la ayuda regional, de modo que sólo accedieran a los 500 euros las familias con rentas inferiores a 45.000 euros. Esa nueva regulación duró apenas unos meses y el Gobierno asturiano terminó por suprimir su aportación por completo. Es el camino que ahora seguirá a escala nacional el Ejecutivo de Zapatero para ahorrar unos 1.500 millones de euros en 2011.