Oviedo, L. GANCEDO

Recortar el salario de los empleados públicos y congelar las pensiones, dos de las políticas medulares del ajuste anunciado ayer por el presidente Zapatero en el Congreso, tendrán un impacto singular en Asturias, región donde son más elevadas que en otras tanto la importancia relativa de la Administración en el empleo como la relevancia de los ingresos de los jubilados para la renta familiar. Según da a entender la información que adelantó Zapatero, la pérdida de ingresos afectará, de forma directa o inducida, a las nóminas de más de 250.000 asturianos, el 25% de la población, y en torno al 38% de todos los que trabajan o cobran pensiones. La relación de afectados principales incluye una media anual de 7.000 familias ahora beneficiarias del «cheque-bebé».

l La plantilla pública. Asturias tenía en 2009 unos 61.000 empleados públicos. Están repartidos del siguiente modo: 36.000 en la Administración autonómica, 11.000 en los ayuntamientos, otros 11.000 en la administración general del Estado y 3.000 en la Universidad. A expensas de lo que determine con más detalle el Consejo de Ministros que mañana aprobará el ajuste, el recorte salarial afectará a todos esos colectivos, presumiblemente, a partir de la nómina de junio. Aunque cada Administración tiene cierto grado de autonomía en materia de retribuciones, es la norma del Estado la que marca siempre la subida general de los salarios. O el descenso, como ahora.

«Las retribuciones se fijan en una ley básica, que son los Presupuestos Generales del Estado, y nosotros, todos los años, como no puede ser de otro modo, cumplimos religiosamente», señaló ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, para ratificar que el ajuste de salarios alcanzará a los 36.000 empleados públicos que dependen de la autonomía, la plantilla más numerosa de la región.

El presidente Zapatero habló en de una reducción «media» del 5% en el salario de los funcionarios y resto de empleados públicos. El recorte será gradual y proporcional a los ingresos. Esto es, se aplicará un recorte mayor a los trabajadores que tienen los sueldos más altos. Será del 15%, anunció Zapatero, para los altos cargos de su Ejecutivo.

Asturias, como explicó este diario en informaciones precedentes, es una de las comunidades donde es mayor el peso de la Administración en el empleo de los ciudadanos. Las 61.000 personas que trabajan para el también llamado sector público suponen casi el 17% de todos los trabajadores, según datos recientes de la Seguridad Social. Es la sexta proporción más alta de todo el país, por detrás de las que registran Ceuta y Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Castilla y León.

Del alcance económico del ajuste da cuenta también que los costes de personal del Principado -incluida la administración general y los principales servicios públicos- supone cerca de 1.700 millones de euros al año, cantidad que incluye los salarios, aunque también las cotizaciones sociales.

Con el ajuste anunciado ayer, el jefe del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se convertirá en el primer presidente de la democracia que baja los salarios públicos. Hay, no obstante, dos precedentes de congelación de los sueldos: la decidida por el Ejecutivo del también socialista Felipe González en 1994, cuando España intentaba salir de la anterior recesión, y la que en 1997 acordó el Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas. En esta última ocasión, la medida se justificó para equilibrar las cuentas del Estado y converger con la UE camino de la creación del euro.

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