El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, reconoció hoy en Gijón que el Gobierno ha tenido que adoptar medidas "duras de impacto especialmente en algunos sectores", aunque salvaguardando lo que simboliza al país, que es el Estado de Bienestar. Areces indicó que se acatarán estas medidas, pero tratando de minimizar su impacto en Asturias y dejó claro que no se puede destinar todo el gasto a política social, sino también a reactivar la economía.

Así lo manifestó a los periodistas tras una reunión mantenida con directivos de EDP Energía en la Laboral, preguntado por las críticas de la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, respecto al recorte en política social.

El jefe del Ejecutivo regional adelantó también que esta segunda tanda de medidas no será la única, sino que habrá otras en otros ámbitos como pueda ser el fiscal. Areces justificó la actuación del Gobierno y añadió que no podía entender un discurso exclusivamente de medidas restrictivas si no se ligaba a la saluda a la crisis, "la mayor en Europa de las últimas décadas", dijo.

Respecto a los colectivos más afectados, señaló que la reducción de las retribuciones de los empleados públicos era una medida "dura" pero les recordó que a lo largo de los últimos años fue uno de los grupos que más vio crecer sus salarios en época de bonanza, a lo que sumó que en Asturias se les haya tratado con "gran respeto" y se mejorará sus retribuciones. "Soy consciente de que es un momento difícil para ellos".

No obstante, apostó por hacerlo con "equidad" y recordó que el promedio es una reducción del cinco por ciento, aunque aplicado de forma proporcional a la retribución a partir del 1 de junio, mientras que en 2011 habrá congelación de salarios. Areces indicó que probablemente esta medida tenga rango de Decreto Ley y se traslade también a las comunidades autónomas.

En cuanto a los pensionistas, dejó claro que no afectará a todo el colectivo, ya que más del 40 por ciento verán actualizadas sus pensiones, mientras que se congelarán en el casto del resto de mayores. "Es un sacrificio innegable", recalcó.

El presidente regional indicó sobre los 1.200 millones de euros de reducción que el Gobierno quiere pedir a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que si se reparte esta cantidad entre todos "no sería significativa", pero agregó que hay que sumarla al recorte anterior.

En este sentido, explicó que será después de la reunión del grupo de trabajo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 10 de junio, cuando se analizará el escenario concreto en el que nos vamos a mover todos. No obstante, apuntó que ya se conoce que hay medidas que afectan al Capítulo 1 de gasto corriente "de manera significativa".

Pese a no poder concretar el impacto de las medidas, señaló que se ajustarán a Asturias y adelantó que los miembros del Gobierno del Principado no quedarán "al margen" de la reducción de las retribuciones, aunque incidió en que son las más bajas del país comparativamente con otras instituciones. El presidente regional indicó que van a ser "corresponsables" en lo que toque de la incidencia de la medida en Asturias.

También enfatizó que hay elementos básicos que se mantienen, como la Sanidad, la Educación, o el sistema de Dependencia, que sigue su curso o el Salario Social. Unos servicios por los que se sigue apostando por su calidad e hizo hincapié en que Asturias ya vivió crisis en peores situaciones. Areces recalcó que "nunca" se planteó tocar los derechos de las personas que ya lo tienen reconocido, sólo que se da un plazo de seis meses para pagar atrasos.

"Vamos a seguir invirtiendo pero sobre principios diferentes que en el pasado", dijo antes de poner de ejemplo la renovación del sistema energético o hacer una economía más verde y trabajar con políticas de inclusión. Además, resaltó que el no se hayan tocado las ayudas al desempleo, que suponen una partida importante de fondos públicos. A su juicio, Asturias está en una situación mejor.

Asimismo, confió en que estas medidas son "temporales" y que según se vaya mejorando la economía y los ingresos se podrán aumentar las inversiones. Sin embargo, apeló al sentido de la responsabilidad de país, al margen de los intereses directos de formaciones políticas, aunque sean legítimos.

Con todo, aludió al coste político que puede tener estas medidas para el PSOE pero recordó a los ciudadanos que son necesarias para tener una economía más competitiva y una Europa fuerte y aseguró que se está actuando en términos de futuro, donde no se puede separar estas medidas del cambio de modelo económico. Además, rechazó el que algunos quieran aprovechar la situación para obtener una situación mejor en procesos electorales.

Sobre la responsabilidad de las empresas, remarcó que son éstas las que crean empleo y añadió que si pierden dinero y van a la quiebra, se destruyen puestos de trabajo. Para él, sería imposible pensar en un país con todo el dinero dedicado a política de protección social y agregó que las empresas deben tener solvencia.

También apostó un modelo económico competitivo y por contar con una balanza positiva, respecto al número de exportaciones e inversión extranjera. "Queremos una sociedad inclusiva donde la riqueza se reparta mejor", apostilló.

Europa Press