Ayer se supo que todos los países de la UE, salvo Estonia y Suecia, superan el 3% de déficit máximo que permite el pacto de estabilidad, por lo que la Comisión ya ha abierto expediente a 25 de los 27 gobiernos de la Unión. También ayer, la Comisión Europea endureció las sanciones a los países con déficit reincidentes y la exigencia de que envíen sus presupuestos a Bruselas, para que sean evaluados antes de su aprobación en cada país.
Con el nuevo plan de recorte del gasto público -el segundo que pone en marcha el Gobierno de Zapatero este año, aunque el primero en el que se revisan conquistas sociales-, el Ejecutivo trata de acelerar el cumplimiento de su compromiso, de forma que este año el déficit baje medio punto más respecto a lo ya previsto (hasta el 9,3% del PIB), y un punto más (hasta el 6,5%) sobre lo comprometido para 2011.
Aunque la vicepresidenta económica, Elena Salgado, negó que este nuevo recorte se lo hayan impuesto los mercados financieros al Gobierno (si bien admitió que hay que «prestarles la debida atención»), todo apunta a que con ello España, por exigencia de la UE, trata de contribuir a la estabilidad monetaria enviando señales nítidas al mercado de rigor presupuestario y de compromiso con la disciplina del euro.
PP y otros grupos censuraron la nueva decisión tildándola de «improvisación» de Zapatero, dado que éste se negó hace una semana a introducir este mismo recorte adicional de 15.000 millones en el gasto público cuando se lo exigió Mariano Rajoy en el encuentro que ambos sostuvieron en la Moncloa. Rajoy acusó al Gobierno de haber «improvisado en tres días» un recorte de 15.000 millones.
Zapatero replicó que lo que el PP llama «improvisación» no es más que una adaptación rápida del Gobierno a las circunstancias cambiantes de la economía. La situación, sostuvo, cambió radicalmente entre el miércoles y el viernes, cuando se intensificaron los ataques bajistas masivos contra el euro, las bolsas y los bonos europeos. A esta misma causa obedeció, según Zapatero, que el Eurogrupo, que había sido convocado el viernes para aprobar el rescate de Grecia, tuviera que emplazar al Ecofin a movilizar el mayor plan de rescate de la Historia (750.000 millones) para proteger el euro, y que el BCE, que el miércoles se negó a comprar deuda pública de los países, optase por hacerlo el lunes.
Rajoy anunció a Zapatero que no apoyará la «congelación de las pensiones» si antes no recorta los «gastos superfluos» del Gobierno, empezando por las subvenciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y la supresión de ministerios. El líder de la oposición emplazó además al jefe del Ejecutivo para que «nunca» vuelva a hablar al PP de derechos sociales después de aprobar el «mayor recorte social de la Historia», liquidando la ley aprobada por el PP en 1996 que garantizaba la revalorización de las pensiones. Rajoy reprochó a Zapatero que, de haber reducido el gasto mucho antes (y no haberlo demorado con la excusa, dijo, de que frenaría la recuperación), ahora no tendría que recortar derechos sociales. El presidente del PP sostuvo que Bruselas ha impuesto restricciones a España para impedir que Zapatero «exporte su incompetencia».
Zapatero, a la inversa, dijo «tomar nota» del respaldo del PP a una eventual subida de impuestos a las rentas más altas.
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