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Dudas razonables

Las medidas de ajuste pueden quedarse en un parche si no se abordan reformas estructurales

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Dudas razonables
Dudas razonables  

SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA
PROFESOR TITULAR DE HACIENDA PÚBLICA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Cuando una familia tiene un nivel de ingresos inferior a sus gastos, y las perspectivas son que esta situación se mantenga más o menos igual en años venideros, se enfrenta a un serio problema. Aunque durante un período de tiempo limitado pueda financiar la diferencia acudiendo al crédito, una familia que gasta más de lo que gana acumula una deuda cada vez mayor, hasta que se convierte en insostenible. Llegará así un momento en el que o bien voluntariamente restringe sus gastos e intenta enderezar su situación financiera, o bien serán sus acreedores los que le nieguen nuevos recursos y le marquen el camino a seguir para la cancelación de sus deudas.

A pesar de que a algunos lectores les pueda sorprender la comparación, al sector público le sucede algo semejante. Cuando el déficit público alcanza un nivel tan elevado que plantea problemas de sostenibilidad, o el Gobierno toma las medidas necesarias para volver al equilibrio o alguien, generalmente los mercados financieros que restringirán su acceso al crédito, le obligará a adoptar un plan de saneamiento.

Grecia ha sido el primer país de la Unión Europea en atravesar esta situación. Con un déficit público superior a un 12,7 por ciento del producto interior bruto y una deuda pública que supera el 110% del PIB, ha tenido que ser rescatada por la acción conjunta de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Las autoridades de nuestro país no se han cansado de repetir que la posición de España es muy distinta a la de Grecia. Es cierto que las diferencias son importantes, principalmente porque la política de estabilidad seguida desde el año 1996 permitió situar la deuda pública en un nivel inferior al 40% del PIB. Sin embargo, desde que comenzó la crisis en el año 2007, su crecimiento ha sido alarmante. En ese ejercicio, la deuda del Estado en circulación tenía un valor nominal de 307.168 millones de euros. En marzo de 2010 ascendía a 486.467 millones de euros, es decir, se había incrementado en prácticamente un 59%.

Por otra parte, España, junto a Irlanda y Grecia, forma parte del grupo de países de la zona euro con un déficit público superior al 10% del PIB. Un tercer problema se deriva del hecho de que, a lo largo de este año, el Tesoro español se enfrenta al vencimiento de un 16,86% de la deuda en circulación, algo más de 80.000 millones de euros, que deberá refinanciar. Estos tres factores unidos contribuyen a la desconfianza de los mercados financieros y explican el aumento de los costes de financiación de la deuda española, cuya prima de riesgo ha aumentado hasta situarse en 100 puntos básicos de diferencial con el bono alemán a 10 años.

A todas estas dificultades debemos añadir las malas perspectivas para este ejercicio presupuestario en que la previsión de déficit ya supera el 6,2% del PIB, y los problemas específicos que atraviesa la economía española, cuyas expectativas de recuperación se ven lastradas por el alto nivel de desempleo y el colosal endeudamiento al que tienen que hacer frente familias y empresas.

Todos estos factores no solamente amenazan con llevar al desastre a la economía española, sino que ponen en riesgo la propia estabilidad del euro. No debe sorprendernos que ante la pasividad del Gobierno, incapaz de aplicar recortes en el gasto público que hagan posible una consolidación fiscal duradera, el ajuste haya sido impuesto desde fuera. Porque otra de nuestras diferencias con Grecia es que el peso de la economía española dentro de la Unión Europea nos convierte en un país demasiado grande para ser rescatado, por lo que es necesario actuar antes de que la situación no tenga remedio.

Los interrogantes se plantean sobre la efectividad de las medidas aprobadas. Son unas dudas razonables, si tenemos en cuenta la escasa efectividad de las medidas de estímulo fiscal que se implementaron a lo largo de los dos últimos años. Entonces no se abordaron las reformas estructurales necesarias para que la economía española saliera de la crisis. De momento estas reformas siguen sin ponerse encima de la mesa. Continuamos con una política de parches, aunque hasta hace unos días sirvieran para incrementar el déficit y ahora pretendan contribuir a reducirlo.

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