Oviedo / Madrid,

Agencias

El Gobierno trabaja en la creación de un impuesto extraordinario pensado para gravar a los españoles cuyos ingresos y patrimonio superen el millón de euros, según los primeros datos sobre el nuevo tributo que trascendieron ayer. Tras un Consejo de Ministros dedicado a concretar las medidas de recorte del gasto público que anunció hace ocho días el presidente Zapatero, la ministra de Economía, Elena Salgado, se limitó a decir que «en el momento oportuno» el Ejecutivo presentará una propuesta fiscal dirigida «a los que más tienen» para que hagan «un esfuerzo de solidaridad».

La larga reunión del Consejo de Ministros estaba sobrevolada por las aparentes contradicciones en que incurrieron estos últimos días hasta cinco miembros del Gobierno -incluidos los tres vicepresidentas- sobre la posibilidad de añadir a los recortes de gasto e inversión pública medidas tributarias que afecten a las rentas más altas, una especie de contrapeso a los impactos que el ajuste para frenar el déficit tendrá sobre los pensionistas, los funcionarios públicos y ciertas políticas sociales. Los números gruesos de ese ajuste bianual son los siguientes: un recorte de 5.250 millones de euros este mismo año y de 10.000 millones para 2011. Los principales afectados son los empleados públicos, que verán recortado su sueldo este año y congelado el próximo, y la mayoría de los pensionistas, cuyas nóminas no se revalorizarán el próximo año.

Son medidas que tanto Elena Salgado como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, calificaron como «difíciles, pero imprescindibles» para un Gobierno que, enfatizaron, «sigue teniendo por objetivo avanzar en el estado de bienestar». «Si no las hemos tomado antes es justo porque no queríamos tomarlas. Otros hubieran empezado por ellas», señaló Salgado en alusión a aquellos sectores que han reprochado al Gobierno tardanza en adoptar un ajuste que se precipitó a partir de los ataques sufridos por el euro y de las presiones ejercidas por otros socios europeos sobre países como España y Portugal.

Durante los últimos días, dentro del PSOE, numerosos dirigentes se han pronunciado a favor de que el Gobierno añada a su estrategia para salir del laberinto del déficit un aumento de impuestos sobre las rentas más altas. Anteayer, Zapatero intentó zanjar la cuestión anunciando que, efectivamente, esa medida se pondrá en marcha y que «no afectará a las clases medias».

Poco antes de que comenzara el Consejo de Ministros, la Cadena Ser, citando fuentes gubernamentales, informó de que el Ministerio de Economía y Hacienda trabaja en los detalles para crear un nuevo tributo que afectará a las personas que sumando todo lo que tienen (propiedades, acciones, ingresos y ahorros) superen el millón de euros. Otras informaciones periodísticas apuntaron que ese límite se llevará hasta los dos millones de euros.

La intención del Gobierno, según la misma información, es aprobarlo rápidamente, en dos semanas como muy tarde, y agilizar al máximo la tramitación de este nuevo impuesto, que requiere aprobación parlamentaria.

La fórmula que se pretende emplear no ha sido todavía desvelada. Evitó revelarla ayer Elena Salgado, que se ciñó a señalar que la propuesta se concreterá «en el momento oportuno». Parece descartada la opción de recuperar sin más el impuesto de patrimonio, que se dejó de cobrar en 2008 y con el que se recaudaban unos 2.100 millones de euros al año. Sin embargo, esta figura tributaria estuvo a menudo en entredicho porque, a la postre, no lo pagaban las familias más acaudaladas, sino hogares con rentas medias-altas.

Algunas fuentes apuntaron que el impuesto que prepara el Gobierno sería similar al impuesto francés sobre las grandes fortunas. Este tributo lo pagan 539.000 familias galas y afecta a quienes tienen propiedades y rentas por encima de 790.000 euros. Está en vigor desde 1989 y los contribuyentes pagan una cantidad de entre el 0,5% y el 1,8% de la base imponible, según el nivel de riqueza.

En 2007, el impuesto sobre las grandes fortunas agitó la campaña de las elecciones presidenciales francesas después de que el partido del hoy presidente Sarkozy acusara a su oponente socialista, Ségolèn Royal de no pagar el gravamen, algo que luego desmintió.