El Reino Unido prepara un nuevo impuesto para los bancos y una subida del IVA

El nuevo Gobierno del Reino Unido no da tregua en su política de recortes para reducir el déficit público. Ahora, mientras en España se estudian fórmulas para subir los impuestos a los más ricos, el Reino Unido ultima un nuevo impuesto para la banca, con el que pretende recaudar 8.000 millones de libras, unos 9.200 millones de pesetas. También estudia subir el IVA entre el 1,5 y el 2,5 por ciento. En el Reino Unido se calcula que todos los ajustes que se están adoptando provocarán hasta 300.000 despidos en el sector público.

El Gobierno español no ha cuantificado los empleos que se pueden perder como consecuencia de los ajustes que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros. Pero sí ha admitido que sus previsiones de crecimiento de la economía para 2011 se recortan en cinco décimas, del 1,8 al 1,3 por ciento. Según los expertos, la mejoría del empleo se retrasará hasta 2012. Falta una semana para que expire el plazo dado por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a patronal y sindicatos para que lleguen a un acuerdo sobre la reforma laboral. De momento, las negociaciones parecen atascadas en el coste del despido.

La situación económica y financiera está obligando a todos los gobiernos a adoptar drásticos recortes en la política de gastos, a la vez que se buscan fórmulas para incrementar los ingresos de las arcas públicas. Y el recién estrenado gobierno del Reino Unido no parece dispuestos a asustarse ante la adopción de determinadas medidas, aunque eso suponga enfrentarse a los poderosos bancos, según el periódico «The Independent on Sunday». Otro diario, «The Sunday Times», calcula que con los recortes, unas 120.000 personas podrían perder su empleo en la sanidad, y otros 100.000 en los ayuntamientos. Y hasta el Ministerio de Defensa, que tendrá que reducir sus gastos un 25%, tendrá que eliminar 20.000 empleos.

Mientras tanto, en España «hay caldo de cultivo», dicen los sindicatos», para iniciar medidas contra las duras medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno, y que supondrá, entre otros recortes, bajar los salarios a los funcionarios, congelar las pensiones y reducir el gasto en infraestructura en 6.000 millones de euros. Todo esto conllevará pérdidas de empleo y caída de consumo, lo que retrasará el crecimiento económico.

Y mientras se preparan las movilizaciones se agota el tiempo para llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral. Una vez que se ha descartado la reducción de las cuotas a la Seguridad Social, la patronal exige ahora que se considere motivo de despido la caída de la facturación, o que se falte al trabajo por causa justificada ocho días en dos meses. Esto supondría reducir las indemnizaciones a 20 días por año en lugar de pagar los 33 en los que está establecido ahora el despido improcedente.

La patronal entiende que sus propuestas conforman un todo que va unido. Y los sindicatos se niegan a aceptar el abaratamiento del despido. Si no hay acuerdo, el Gobierno sacará adelante sus propias medidas, y los sindicatos ya han amenazado con una huelga general.