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La grave situación económica
Los ajustes 

Italia suprimirá nueve provincias y cobrará una tasa por visitar Roma

El plan antidéficit del Gobierno de Berlusconi congela el salario de los funcionarios y endurece la jubilación

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Berlusconi, en una foto de archivo.
Berlusconi, en una foto de archivo. 

Roma

La lucha contra la evasión fiscal y el recorte del gasto público constituyen dos de los ejes principales del plan de austeridad aprobado por el Consejo de Ministros italiano, que prevé un ahorro de 24.000 millones de euros entre 2011 y 2013. Un plan con el que Italia se une a otros países europeos como España, Reino Unido, Portugal o Grecia en su objetivo de reducir su déficit y relanzar sus economías, con el fin de devolver la confianza a los mercados.

En cuanto el ajuste sea aprobado por el Parlamento, las regiones, las provincias y los ayuntamientos del país, pero no el Gobierno central, quienes se verán obligados a aprobar nuevas tasas e impuestos para financiar más de la mitad del ajuste, que reduce la capacidad de inversión de los entes locales por un valor de 13.000 millones de euros en dos años.

De hecho, las regiones que deberán asumir recortes por valor de 10.000 millones de euros entre 2011 y 2012, mientras a las entidades locales y provinciales se les pedirá un aumento progresivo del ahorro hasta alcanzar los 2.100 millones en 2012. El plan incluye la supresión de nueve provincias. Y en Roma se apunta además al establecimiento de una «contribución de estancia» para aquellos turistas que pernocten en los hoteles de la capital italiana, una posibilidad que ha levantado las críticas de la asociación hotelera Federalberghi.

El Gobierno, que preside Silvio Berlusconi, subrayó que el objetivo de estas intervenciones es el de llevar el déficit público hasta un nivel inferior al 3 por ciento en 2012, aunque no se precisaron más datos sobre las intervenciones.

El borrador del plan contempla la congelación de los sueldos de los funcionarios a partir de este año, una situación que se alargará hasta 2013. Asimismo, se prevé una intervención para permitir un retraso en el acceso a la jubilación y además se elevará progresivamente la edad de jubilación de las mujeres hasta llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 años de ahora. Se endurecerán también los requisitos para tener acceso a las pensiones de invalidez y se aumentarán los controles para los solicitantes. Se estudian recortes para la financiación de los partidos y de los ministerios, aunque no se ha precisado su envergadura.

Otra de las medidas adoptadas es la de una amnistía para las viviendas ilegales, con lo que se podrían recaudar cerca de 6.000 millones de euros, según apuntaron los medios italianos. En el ámbito empresarial, el plan prevé el aumento de los impuestos sobre las llamadas «Stock-Options», los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías, al tiempo se prevé un recorte de entre el 5 y el 10% de los sueldos superiores a 90.000 y 130.000 euros.

El secretario general del sindicato CGIL, Guiglielmo Epifani, lamentó que el mayor «sacrificio siempre se pide a los trabajadores públicos y privados» y subrayó que en el plan del Gobierno no se haya dispuesto ninguna medida para apoyar «la ocupación y las inversiones». «Es un programa que no mantiene un principio de equidad», denunció Epifani. A las críticas se sumó el presidente de la Conferencia de las Regiones, Vasco Errani, que tachó el plan económico de «insostenible», mientras el presidente de la región de Apulia, el progresista Nichi Vendola, la calificó de la «mayor carnicería social de la historia italiana».

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