Madrid / Oviedo, Agencias

Los sindicatos incrementaron ayer la presión sobre el Gobierno y advirtieron de que convoarán una huelga general si el Ejecutivo toma el camino de imponer por decreto una reforma laboral que resulte «lesiva» para los trabajadores. Horas después de que el Gobierno sacará adelante en el Congreso, por un solo voto de diferencia, el recorte de gasto social, el aviso sindical dio cuenta de las graves dificultades que atraviesa el diálogo con la patronal CEOE para la reforma del mercado de trabajo. El lunes expira el ultimátum que dio el presidente Zapatero para que los agentes sociales completen una negociación que parece embarrancada. Los sindicatos se mostraron ayer dispuestos a seguir negociando más allá del 31 de mayo. «Quien ha fijado ese día es el Gobierno, no nosotros», sostienen los líderes sindicales.

La advertencia de huelga general la lanzaron los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, al presentar el texto «Documento alternativas y propuestas sindicales ante el recorte social y salarial», la alternativa que sugieren los sindicatos para rebajar el déficit público. En ese documento se afirma: «Ante cualquier reforma del mercado de trabajo lesiva para los derechos de los trabajadores...las confederaciones sindicales de CCOO y UGT y, en el marco del actual proceso de movilizaciones, procederán a la convocatoria de una huelga general en el país».

Según Toxo, será la decisión del Gobierno la que determine la convocatoria de huelga, así como el momento en que se lleve a efecto. Méndez indicó que se llamará al paro general si el Ejecutivo sigue la «senda del decreto ley» aprobado ayer mismo en el Congreso.

El Gobierno ha anunciado su determinación de reformar el mercado de trabajo por decreto si a finales del mes no hay acuerdo entre patronal y sindicatos. La UE y numerosos organismos internacionales (FMI, OCDE...) han emplazado a España a abordar una reforma laboral profunda y urgente, una exigencia que apunta sobre todo en dirección al coste del despido.

Ahí parece estar varada la negociación. Según dio a entender Toxo, hay grandes distancias en dos aspectos: la resistencia sindical a generalizar el uso del contrato indefinido de fomento del empleo, con indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, y el rechazo a un intento de la patronal de redifinir las causas del despido objetivo. La CEOE aspira a que sea factible el uso más frecuente del despido procedente objetivo, que da derecho a 20 días de indemnización, en lugar del despido improcedente, compensado con 45 días y más utilizado ahora para rescindir contratos fijos.