l UGT. El secretario general del sindicato, Cándido Méndez, aseguró que la patronal CEOE ha conseguido que el contrato fijo ordinario se haya convertido en algo «residual». El ugetista aseguró que está «perplejo» ante la petición de los empresarios de eliminar el contrato indefinido de 45 días, «archiuniversalizando» el contrato de fomento del empleo con indemnización de 33 días.

l CC OO. El secretario general de comisiones, Ignacio Fernández Toxo, acusó ayer al Gobierno de haber practicado el absentismo «de forma descarada» en la mesa del diálogo social y de haber irrumpido después «como un elefante en una chatarrería». También defendió que la huelga general «tiene sentido» y reclamó un cambio en el Gobierno.

l Juristas. Los expertos en Derecho Laboral consideran que las medidas incluidas en la reforma para facilitar el despido objetivo no supondrá un cambio de alcance en el funcionamiento de las empresas. El decreto establece que cabrá el despido objetivo procedente -con sólo 20 días de salario por año trabajado como indemnización- «cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa». Esta precisión se concibió en teoría para facilitar el despido más barato a las empresas con dificultades, pero la redacción final del texto ha sido criticada por algunos expertos porque añade ambigüedad e incluso abre la puerta a que las empresas puedan despedir, no ya por tener pérdidas, sino por un recorte de beneficios o situación análoga.

El director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Oviedo, Luis Antonio Fernández Villazón, opinó: «Hasta ahora los jueces exigían bastante requisitos para despedir al personal, lo que hace esta reforma laboral es flexibilizar este proceso». La profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Ana Rosa Argüelles, asegura que «la medida no tendrá demasiado éxito, ya que los procesos judiciales seguirán siendo costosos y más largos que el despido exprés». Esto es, la efectividad o no del cambio promovido por el Gobierno queda a criterio de los jueces. Hasta ahora, las empresas rehuían el despido por causas económicas y usaban de forma sistemática el «despido exprés», que evita el proceso judicial y sus costes mediante el reconocimiento automático de la improcedencia y el pago de una indemnización de 45 días por año.

Los juristas aseguran también que de la redacción del texto se desprende que para acogerse al despido objetivo por causas económicas las empresas deberán acreditar pérdidas económicas y no sólo un retroceso de su actividad. Según Villazón, la reforma laboral que presentó el Gobierno es «bastante amplia e introduce cambios interesantes, aunque no va en la dirección correcta para llevar a cabo cambios estructurales en el mercado de trabajo». También coinciden en que la implantación del contrato de fomento del empleo indefinido, acabará, para las nuevas contrataciones, con la modalidad ordinaria, con despido más caro.

l Economistas. Expertos en el mercado de trabajo volvieron a incidir ayer en que la reforma repara en el coste del despido, pero no aborda en profundidad otros aspectos capitales como la flexibilidad en la negociación colectiva. No obstante, Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, destacó, en un artículo publicado en internet por la federación de economistas FEDEA, que el texto final de la reforma facilita realmente que las pequeñas empresas en dificultades no apliquen las subidas salariales de los convenios de ámbito superior.

«Se introducen bastantes cambios, pero no hay medidas estructurales»

>

Escuela de Relaciones Laborales

«Los procesos judiciales seguirán siendo más caros y costosos que el despido exprés»

>

Profesora de Derecho Laboral