Oviedo
La reforma de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA) que el Gobierno pretende aprobar mañana en consejo de ministros prevé limitar la presencia de representantes políticos en los órganos de estas entidades de crédito al 40%. Actualmente, la presencia de consejeros y miembros de la asamblea designados por parlamentos y gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos está limitada al 50%.
Además, la pretensión es que los inversores privados puedan controlar hasta el 50% del consejo de administración y de la asamblea, salvo cuando la caja esté en riesgo de quiebra, en cuyo caso, y para su rescate, el capital privado puede llegar a controlar el 100%.
Para ello se otorgará derechos políticos a las cuotas participativas, que son los títulos que ahora permiten invertir en el capital de una caja de ahorros pero sin tener derecho a ser miembros de sus órganos de decisión. Hoy los titulares de las cuotas sólo tienen derechos económicos (es decir, posibilidad de una remuneración equivalente al dividendo en el caso de las acciones de los bancos y empresas) pero no a votar o poder ser elegido, como sí lo tienen las acciones.
El resto de la composición de los órganos de las cajas corresponderá, como hasta ahora, a los representantes de los trabajadores y de los impositores (clientes), así como de aquellas entidades de interés social (patronales, asociaciones de consumidores, sindicatos, cámaras de comercio y otras) en aquellas cajas cuyos estatutos concedan presencia a este tipo de colectivos e instituciones.
La patronal de cajas (CECA) había llegado a solicitar que la representación política se rebajase a un máximo del 25% de los órganos de estas entidades y se cree que el PP, para pactar, pueda ser más exigente que el Gobierno. Pero el nuevo presidente de CECA, Isidro Fainé (presidente de La Caixa, una de las cajas más despolitizadas), podría transigir en un porcentaje menor para facilitar el consenso.
Otra de las novedades previsibles es que ningún político que desempeñe cargo público pueda ocupar simultáneamente un puesto en los órganos de gestión y control de una caja de ahorros.
El Gobierno podría autorizar a las cajas convertirse en fundaciones y traspasar su negocio a un banco participado, como acaba de hacer CCM. Las cajas mantendrán al menos el 50% del banco que creen como ente central de las «fusiones virtuales».
