Madrid, Agencias
El Congreso debatirá esta semana tres enmiendas de totalidad al proyecto de ley de reforma laboral, presentadas por IU, BNG y UPyD, que se votarán en el Pleno del 20 de julio, junto con las propuestas de resolución sobre el debate del estado de la nación, el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y el decreto ley de reforma de la ley de Cajas.
Previsiblemente, formaciones como Nafarroa Bai apoyarán esta modificación radical del texto, mientras que ERC, que comparte grupo parlamentario con IU e ICV, no ha fijado todavía su posición. Por su parte, el PP descarta presentar una enmienda de totalidad.
En cualquier caso, los grupos parlamentarios tendrán hasta el día siguiente al debate de totalidad, 21 de julio, para presentar las enmiendas parciales. Solventado este trámite, la norma pasará a la fase de ponencia, en la que se introducirán las enmiendas pactadas entre la mayoría de grupos. Se calcula que el informe estará listo entre el 27 y el 28 de julio y que un día más tarde, el 28 o 29, tendría lugar el debate en la Comisión de Trabajo, que preside el socialista Juan Barranco.
Del Congreso se remitiría al Senado, que dispone de 20 días naturales para debatir las enmiendas que presenten los grupos en la Cámara alta. Fuentes socialistas aseguraron que el debate en Comisión tendría lugar en la semana del 20 de agosto, y que la previsión es solicitar que este órgano tenga competencia legislativa plena, por lo que no tendría que votarse en Pleno.
El PSOE aún considera posible alcanzar un acuerdo sólido en julio para que no se introduzcan modificaciones al texto en la Cámara alta, y que así la norma no tenga que volver al Congreso y que el visto bueno del Senado sea el definitivo para su publicación y entrada en vigor de la nueva ley.
En el caso de que este pacto entre los grupos no sea posible, la Mesa de la Cámara baja ha introducido en su calendario la prevención de celebrar un Pleno extraordinario a finales de agosto para la aprobación definitiva y no descarta que este debate se retrase hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones ordinario, con el 9 de septiembre como fecha límite, veinte días antes de la huelga. De esta forma, el PSOE confía en que la norma podría entrar en vigor con la suficiente antelación respecto a la huelga general.