Madrid, Agencias

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha embargado cautelarmente 37,64 millones de euros a los ex propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya que podrían tener que compensar con su patrimonio el agujero de la aerolínea por las supuestas «graves irregularidades» cometidas y la «pasividad» que mostraron para pedir su insolvencia.

En un auto fechado el pasado 3 de agosto, contra el que no cabe recurso, el juez sustituto Javier Yáñez extiende el embargo a dos de los hijos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y a un ex consejero de Air Comet, y explica que todos ellos se enfrentan a la posibilidad de ser declarados culpables del proceso de insolvencia, máxime teniendo en cuenta las «graves irregularidades» que denuncia la administración concursal.

El juez considera indiciariamente acreditada la posible culpabilidad de los ex propietarios porque Air Comet afrontaba abultados impagos desde enero de 2008 y no fue hasta diciembre de 2009 cuando se acogió a la Ley Concursal para renegociar la deuda con sus acreedores. La presentación del concurso voluntario de acreedores o antigua suspensión de pagos no se presentó hasta el 23 de marzo de 2010.

«Nos encontramos con que la concursada se hallaba en situación de insolvencia con anterioridad al inicio del plazo de solicitud de concurso», señala el auto, en el que el juez destaca que «esa pasividad pudo generar una agravación de la insolvencia, al mantener en el tráfico económico una sociedad que no puede atender sus obligaciones, generando nuevos gastos y contrayendo nuevas obligaciones que no podría atender».

El juez pone como ejemplo que Air Comet arrastraba un «importante pasivo» de 7,33 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social hasta febrero de 2009.

También relata que desde enero de 2008 hasta la declaración de concurso, en abril de 2010, no afrontaba los ingresos correspondientes a retenciones del IRPF por trabajo personal, al tiempo que no pagaba salarios desde julio de 2009.

Precisamente, el juez se basa en las deudas generadas en el periodo que media entre marzo de 2008 y diciembre de 2009, que ascienden a 37,64 millones, para fijar el embargo cautelar, que busca evitar que el patrimonio de Díaz Ferrán y su círculo «se disminuya o directamente desaparezca, bien por acción del propio demandado» o por acciones de terceros.