Madrid, Agencias
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer, por sorpresa, un nuevo paquete de medidas económicas que incluyen, entre otros ajustes, mejoras fiscales (rebaja de impuestos para las pymes), el primer recorte en las prestaciones de los parados (supresión del subsidio de 426 euros) y dos privatizaciones parciales (la gestión de la lotería y de los aeropuertos) con las que el Gobierno aspira a recaudar al menos 14.000 millones de euros.
Acuciado por los ataques de los mercados financieros a España, el Presidente presentó ese «plan B», que será aprobado mañana por el Consejo de Ministros, como un revulsivo para la inversión y el empleo, si bien compagina políticas de apoyo al tejido productivo con otras de perfil recaudatorio y recorte del gasto, diseñadas para reforzar la solidez de las cuentas públicas y la credibilidad del país ante los inversores. Tras el rescate de Grecia y en medio de otra gran tormenta en los mercados, Zapatero anunció un lunes de mayo, también en el Congreso, un recorte histórico del gasto social. Tras el rescate de Irlanda, en medio de otras turbulencias financieras y ante las nuevas dudas de la Comisión Europea sobre la capacidad de España para cumplir sus compromisos de reducción del déficit, este martes el Presidente aprovechó una pregunta del líder del PP, Mariano Rajoy, para airear un conjunto de decisiones que en parte ya estaban incluidas en el proyecto de ley de Economía Sostenible y en el proyecto de Presupuestos de 2011.
l Empresas. Zapatero, a quien estos días reprochó el PP que se reuniera con las grandes compañías en la Moncloa en lugar de citar a pymes y autónomos, expuso que las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán de dos cambios en el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios. Por un lado, se generaliza la libertad de amortización hasta 2015, lo que permitirá a las empresas que realicen inversiones reducir sus costes fiscales. Por otro lado, se amplía el número de empresas que pueden acogerse al tipo reducido del tributo (25%); podrán hacerlo las que facturen hasta 10 millones y se amplía a 300.000 euros, frente a los 120.000 actuales, el tramo de la base imponible sobre el que se aplica el tipo reducido. Estas últimas medidas beneficiarán a unas 40.000 empresas.
El Gobierno anticipa, además, dos reformas más dirigidas a las empresas y que forman parte del proyecto de ley de Economía Sostenible: la reducción de plazos y barreras administrativas para la constitución de sociedades mercantiles, lo que permitirá crear una pequeña empresa en 24 horas y por un coste inferior a cien euros, y la supresión de las cuotas obligatorias que recaudan las cámaras de Comercio.
Se ha estimado que las pymes se ahorrarán hasta 90 millones de euros con esa última medida. No obstante, el impacto económico es muy bajo para los negocios más pequeños porque, según fuentes empresariales, buena parte de los asociados a las cámaras (autónomos y empresas) están exentos de pagar cuota o abonan menos de 20 euros al año.
l Empleo. El Gobierno ha decidido suprimir, a partir de febrero, el subsidio extraordinario de 426 euros al mes que se creó en 2009 para auxiliar a los parados que agoten el resto de las prestaciones. Esta ayuda ha beneficiado hasta ahora a cerca de un millón de desempleados y su mantenimiento ha provocado roces entre el Ministerio de Trabajo, favorable a prorrogar el subsidio, y el Ministerio de Economía, partidario de supeditarlo a la evolución del gasto público. Este subsidio (420 millones en seis meses) supone apenas el 2,5% del conjunto del gasto en prestaciones. Su eliminación, que avivó el choque del Gobierno con los sindicatos, fue interpretada ayer, más que como una decisión de ahorro, como un gesto del Gobierno hacia los mercados financieros, revelador de su determinación de abordar los ajustes y reformas pendientes pese a los costes políticos.
Algunos dirigentes del PSOE lamentaron ayer la extinción del subsidio. Informaciones atribuidas a fuentes gubernamentales señalaron también que el Ejecutivo podría considerar la creación de una ayuda alternativa y vinculada a la formación de los parados, en el contexto de la reforma de las políticas activas de empleo.
El Consejo de Ministros aprobará también la regulación de las agencias privadas de colocación, un asunto incluido en la reforma laboral y que estaba pendiente de negociar con los agentes sociales. El Gobierno busca ahora la rápida constitución de estas agencias para mejorar la intermediación laboral, función en la que los Servicios Públicos de Empleo resultan poco eficaces, según ha reconocido el propio Ejecutivo. El cambio abre paso en España a las agencias privadas de colocación con ánimo lucro.
