Oviedo, P. G.
El pleno de la Junta General del Principado aprobó ayer la reforma de la ley autonómica de Cajas para adaptarla a la modificación, el pasado verano, de la normativa estatal, en la que se introdujo, entre otras novedades, la imposibilidad de que cargos políticos electos formen parte de los órganos de estas entidades.
El texto aprobado por el Parlamento asturiano, que fue pactado por PSOE y PP, tuvo el voto en contra de IU y del Bloque por Asturies. Esta cuarta reforma de la ley asturiana de Cajas excluye a los cargos políticos electos, exige para formar parte de sus órganos haber ejercido un mínimo de cinco años en funciones de dirección y permite la entrada de los centros asturianos a los órganos de gobierno de Cajastur. También abre la posibilidad de que se incorporen inversores privados. Las instituciones públicas reducen su peso del 50 al 40%, los trabajadores tendrán el 10%, los impositores pasan del 40 al 45% y los centros asturianos tendrán el 5%.
